Ocho días después del hallazgo de cientos de prendas, objetos personales y restos de personas en el rancho Izaguirre, en Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó “enérgicamente” los crímenes y urgió que se esclarezcan.  

En un largo comunicado, el órgano encabezado por Rosario Piedra Ibarra aprovechó también para “contextualizar” y así exponer que si bien se ha comparado este tipo de violencia sistemática con los campos de exterminio nazis, “poco tienen en común, salvo que en ambos casos es preponderante la deshumanización de los perpetradores para exterminar a seres humanos”.  

Señaló que en la Europa del siglo pasado el exterminio lo perpetró el Estado, como una política de limpieza racial y exterminio de lo diverso. “En México, el desarrollo de estas prácticas de tortura y de desaparición fueron durante gran parte del siglo XX prácticas que se ejercieron desde el Estado, como lo hemos documentado en la Recomendación General 46/2022 y en la Recomendación 98VG/2023 que abordan el periodo de la llamada la ‘Guerra Sucia’; y este tipo de prácticas también se usaron durante la ‘Guerra contra el Narco’ de 2006 – 2016”. 

Actualmente, apuntó, estas acciones son perpetradas principalmente por organizaciones delictivas que operan en el marco de una economía criminal, mismas que se encuentran documentadas desde los años 90 del siglo pasado en diversos Estados de la República. 

La CNDH informó también que trabaja en la elaboración de un informe especial sobre los casos de fosas clandestinas, con el objetivo de contribuir al derecho a la verdad, la justicia y la no repetición para toda la sociedad mexicana. 

Asimismo, sobre el reforzamiento de las medidas cautelares que ya había interpuesto en favor de integrantes de “Guerreros Buscadores de Jalisco” y sus familiares, y  la atracción del caso del rancho Izaguirre, por la presunta violación a derechos humanos y en virtud de que existe una repercusión al derecho a defender derechos humanos de integrantes del colectivo. 

En el comunicado, se refirió igualmente a las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en ese lugar. 

Expuso que lo hallado en el rancho, como restos humanos, hornos y diversos elementos, “sugieren la existencia de un sitio utilizado para retener y explotar a víctimas de trata de personas y llevar a cabo asesinatos y la posterior desaparición de sus cuerpos”.  

Los indicios, añadió, apuntan a la posibilidad de que las víctimas hayan sido captadas, retenidas y explotadas en condiciones de extrema violencia y deshumanización. 

La CNDH indicó que lo más alarmante es que este descubrimiento se produjo seis meses después de que las autoridades locales, con apoyo de la Guardia Nacional, realizaran un operativo en el mismo lugar sin llevar a cabo una investigación exhaustiva. 

“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas, reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables, lo que ha permitido que estas prácticas criminales continúen en la impunidad. Esta inacción ha sido un factor clave para que redes de delincuencia organizada operaran con libertad, perpetuando ciclos de violencia y explotación”, expuso. 

Dijo que es imperativo atender esta situación, puesto que debe ser parte del esfuerzo de Estado, “que actualmente se lleva a cabo, para brindar nuevas vías de desarrollo a las personas jóvenes en el país, donde tengan más y mejores oportunidades y no sean coaccionados y obligados a formar parte de organizaciones delictivas como la única manera de sobrevivir”. 

La sociedad de Jalisco y de todo el país, agregó, exige respuestas claras y contundentes frente a estos crímenes, “especialmente en un contexto en el que algunos medios de comunicación e intereses particulares promueven la desinformación en lugar de la transparencia”.