La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó de manera “categórica y enérgica” las recientes declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien afirmó “sin pruebas” que el Poder Judicial es “el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción”.
El martes pasado, el titular de la UIF acusó que los jueces federales se han enquistado como los enemigos más tenaces que tiene el gobierno federal para hacer sus labores de inteligencia financiera, con lo cual se busca combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Al respecto, la Jufed respondió que “lo que no ha podido lograr con hechos y pruebas, ahora lo intenta con una campaña de desprestigio. Pero la justicia no responde a presiones políticas ni a estrategias mediáticas”.
Recordó al titular de la UIF que su función es actuar con apego a la ley, respetar el marco jurídico nacional e internacional, y no desatar ataques sin fundamento contra la Judicatura Federal. "Sus declaraciones violan las convenciones internacionales firmadas por México, que obligan a las autoridades a proteger y respetar a las personas juzgadoras como defensoras de derechos humanos. Exigimos respeto. Exigimos responsabilidad. No vamos a tolerar intentos de socavar la independencia judicial con discursos políticos sin pruebas”.
La Jufed sostuvo que la justicia se defiende con la ley, con pruebas y con la verdad. “Las acusaciones vertidas por el titular de la UIF son una afrenta no solo al honor y dignidad de la Judicatura Federal, sino al Estado de Derecho y a la independencia judicial, principios fundamentales de toda democracia. Las personas juzgadoras no somos enemigas del Estado, somos garantes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Hoy, más que nunca, la independencia judicial es crucial para evitar que el poder político avasalle los derechos de las personas”.
Y sin embargo, añadió, ha sido estrategia del gobierno “disolver” al Poder Judicial como institución de contrapeso para, por medio de una inconvencional elección judicial, controlar la justicia federal y con ello vulnerar los derechos de los mexicanos.
“Pablo Gómez sabe perfectamente el valor del juicio de amparo porque lo ha utilizado a lo largo de su vida cuando ha sentido que su libertad estaba en riesgo o cuando ha querido defender sus derechos. Entonces, cuando le conviene, la justicia es útil; pero cuando no le favorece, acusa sin fundamentos”.
Hizo un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se abstengan de difundir información “falsa que busque debilitar la confianza” en el Poder Judicial.
Lamentó que, ante su evidente incapacidad para combatir de manera efectiva al crimen organizado, el Gobierno haya optado por desviar la atención y responsabilizar a las personas juzgadoras de su propio fracaso.
