Ciudad de México. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) condenó enérgicamente la situación de violencia que vive el país e hizo un llamado “urgente” a las autoridades federales, para que “de manera expedita” atraiga el caso del rancho Izaguirre, de la comunidad La Estanzuela, Municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron tres crematorios, diversas fosas clandestinas, múltiples restos humanos y decenas de calzado,ropa e identificaciones.
Recordó que este caso tiene mucha similitud con la masacre de 78 indocumentados en agosto de 2010, en San Femando, Tamaulipas. Asimismo, pidió sea investigada la identidad de las víctimas, se haga el resguardo de los datos de prueba y se investigue la omisión de las autoridades estatales en la prevención, investigación y penalización de los hechos que ahí se cometieron, máxime que en este caso de Jalisco, el rancho referido ya había sido asegurado hace 5 meses.
“Hacemos un llamado a todas las instancias de seguridad, tanto federales como estatales. para que se fortalezcan las acciones de vigilancia y protección en la región,garantizando la seguridad de las personas y evitando que hechos tan lamentables se repitan”.
Ademas, la BMA manifestó su empatía y reconocimiento a las "Madres Buscadoras, quienes han demostrado valentía y coraje para llevar a cabo la búsqueda de desparecidos, a pesar de que, como es del dominio público, han sido perseguidas, acosadas y hasta agredidas, física y emocionalmente,por grupos delíncuenciales y algunas autoridades”.
Por separado, la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) expuso que es insostenible la omisión y negligencia de la Fiscalía estatal en el marco de la investigación de los hechos, la falta de acción que en este caso ha mostrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la incapacidad institucional para llevar a los responsables ante la justicia.
De ahí que Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la AMCP, exigió una acción de estado, improrrogable, para proteger a las víctimas y sus familiares, reactivar la Comisión Nacional de Búsqueda (cuyas responsabilidades han asumido las madres buscadoras) y que las autoridades que originalmente conocieron de los hechos rindan cuentas.
“Es urgente una investigación profesional, digna del estado constitucional, que procese y sancione a las personas responsables de este exterminio y garantice la no repetición de hechos como los narrados, que vulneran los derechos de toda persona humana”.
