San Cristóbal de Las Casas, Chis. La inteligencia artificial es una de las nuevas áreas que están avanzando a una velocidad vertiginosa y el derecho tiene que ir dando respuesta también de la misma manera a esos avances, opinó Manuel Jiménez Dorantes, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y doctor en derecho, por la Universidad Autónoma de Madrid, España.
“La inteligencia artificial tiene muchas implicaciones con el derecho y aunque muchos pudieran pensar que es un tema complementa técnico, de computadoras y de programas informáticos, la verdad es que todo tiene un impacto en la vida de las personas y tiene que ser regulado por el derecho”, agregó.
El también ex consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), manifestó que en Europa, por ejemplo, “ya se han empezado a dar los primeros pasos para regular la inteligencia artificial (una rama de la informática que permite a las computadoras realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana) a través de un reglamento emitido por las autoridades para darle cauce y límites en ciertas condiciones o especificar en qué condiciones se puede utilizarla”.
Manifestó que “los retos que ahora tenemos son regular la inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico mexicano para ir dándole cabida, no tanto prohibiciones, sino más bien que haya reglas claras para saber cómo y con qué fines se utiliza y sobre todo poder identificar los riesgos que puede ocasionar en la vida de los ciudadanos”.
Jiménez Dorantes, especialista en derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Constitucionales y licenciado en derecho por la Universidad Veracruzana, recordó que “cada vez más los ciudadanos estamos accediendo a comunicarnos y relacionarnos con las autoridades administrativas a través de medios electrónicos y digitales y esa relación debe de estar regulada”.
Señaló que el uso de la inteligencia artificial podría afectar a los ciudadanos “en la utilización de los datos que van proporcionado a las autoridades administrativas a través de los medios que las propias autoridades establecen para comunicarse con la propia autoridad”.
Destacó la importancia de “regular los algoritmos que se utilizan informáticamente para poder llevar una relación jurídica con las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia fiscal, tributaria, de seguridad pública, protección ciudadana que son los espacios más complejos y delicados que puede tener la utilización de la inteligencia artificial para con las autoridades de cualquier tipo”.
El abogado reiteró que “es urgente regular el tema de la inteligencia artificial, dada la velocidad con la que va avanzando; es muy importante que el Estado mexicano y todas las autoridades puedan ofrecerle a la ciudadanía, a los que se dedican a programar, a avanzar en los temas de la inteligencia artificial, reglas claras sobre en qué ámbitos se pueden mover, cuáles son los límites y que el ciudadano tenga certeza de cómo será su relación a través de los medios de la inteligencia artificial y su protección a sus derechos fundamentales”.
Expresó que de entrada, es el Congreso de la Unión el que tiene que regular este tema para que pueda empezar a hacerse lo propio, si fuera el caso, en las legislaturas estatales como sucede en otras material sobre las cuales ha sido necesaria su regulación estatal.
Reiteró: “Cualquier persona podría ser afectada en la utilización cotidiana de los mecanismos de la inteligencia artificial y de aquellos que se están relacionando con cualquier tipo de autoridad. Esos serían los que pudiesen poner en riesgo en mayor medida la libertad y los derechos de la ciudadanía”.
