El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que dicha instancia realizará una amplia investigación sobre el origen, las causas y los pormenores de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, antes de determinar si atrae el caso de los crematorios clandestinos hallados ahí el pasado 6 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores.
Este caso ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional por las imágenes de restos humanos semicalcinados, así como de centenares de objetos personales dispersos en el suelo como un macabro rastro de las personas cuya existencia se intentó borrar. El estupor ha dado paso a la indignación conforme se supo que el inmueble estaba en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde septiembre de 2024, sin que en estos meses su personal localizara los huesos ni los zapatos, prendas de vestir, mochilas, carteras, bolsas, maletas, credenciales, llaveros, libros, cartas y collares.
Las respuestas de la FGE no han hecho sino atizar el malestar por su frivolidad y por poner de relieve lo que sólo puede ser complicidad o colosal ineptitud: en sucesivas declaraciones, pretendió excusarse porque "el rancho era muy grande", el colectivo de buscadores obtuvo información que le permitió explorar en los puntos precisos, y los restos estaban debajo de una losa de ladrillo. Como ha denunciado Guerreros Buscadores, es inadmisible que un grupo de ciudadanos accediera a informes sobre la ubicación de los cuerpos y diera con ellos pese a la losa que los cubría mientras el gobierno estatal afirmaba que en Teuchitlán ya no había nada que buscar. Si a ello se suma que esto ha ocurrido de manera sistemática desde la administración de Enrique Alfaro, correligionario emecista del actual gobernador Pablo Lemus, se conforma un patrón de indolencia ante la tragedia de las desapariciones que explica por qué desde 2018 Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar nacional en ese crimen.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró terrible la existencia de los crematorios, cuestionó a la FGE jalisciense por no resguardar el sitio, ofreció coordinarse con las instancias pertinentes para contribuir en las indagatorias, y reconoció que desde el ámbito federal deben mejorarse aspectos como el intercambio de información entre departamentos forenses o las bases de datos que faciliten la identificación mediante indicadores biométricos.
Al respecto, cabe recordar que la vía libre de que gozan los delincuentes para usar dispositivos de comunicación imposibles de rastrear tiene nombre y apellido: Juan Pablo Gómez Fierro, el ex juez federal que otorgó la primera suspensión provisional para sabotear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Antes de renunciar a su cargo por el desprecio que le provocan los procedimientos democráticos, Gómez Fierro se convirtió en uno de los individuos que más daño han causado a México en toda su historia mediante sentencias favorables a poderes fácticos como las corporaciones energéticas o, como en este caso, el crimen organizado. Su actuación fue una constante muestra de las múltiples maneras en que el Poder Judicial ha sido, hasta ahora, uno de los principales, si no el principal, obstáculo en la lucha por garantizar la seguridad a los ciudadanos.
Con los elementos de juicio disponibles, está claro que las autoridades jaliscienses no quieren o no pueden abordar la crisis de desapariciones forzadas ligada, de modo cada vez más evidente, a las prácticas de reclutamiento del crimen organizado que campa a sus anchas en la entidad. Por ello, todo indica que la FGR debe atraer el caso, empeñar todas sus capacidades en el esclarecimiento de lo ocurrido en Izaguirre y otros centros de inhumación clandestinos, y coadyuvar en el deber de justicia integral para las víctimas indirectas de estas atrocidades.
