Ciudad de México. Ante los cientos de prendas y objetos personales que fueron hallados en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un centenar de colectivos de familiares de personas desaparecidas y de organizaciones de derechos humanos exigió la “identificación efectiva” de todas las víctimas con la participación de las familias, a quienes se les deben proporcionar de manera inmediata garantías de protección integral.

Colectivos de buscadoras de diversas entidades del país como Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León y Jalisco, entre otras, demandaron que no sean revictimizadas, medidas de reparación y el acceso a mecanismos de seguridad adecuados, particularmente a quienes han participado en el hallazgo de los centros de cremación clandestinos.

“Exigimos medidas urgentes, eficaces y con enfoque diferenciado que incluyan de inmediata el acceso a mecanismos de seguridad adecuados y la no revictimización. El Estado debe garantizar su derecho a la búsqueda sin temor a represalias”, recalcaron.

Colectivos como Amor por los Desaparecidos, de Tamaulipas; Juntos Hasta Encontrarlos, de Nuevo León; Desaparecidos Justicia, de Querétaro; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, de Guerrero, y Madres Buscadoras, de Sonora, también plantearon que se atraigan las investigaciones a nivel federal.

Pero sobre todo, que se enjuicie y sancione a quienes resulten responsables, incluidos funcionarios que “hayan incurrido en omisión, encubrimiento, connivencia y/o colusión”, en especial a quienes fueron responsables de la diligencia que ya se había realizado en el predio en septiembre de 2024.

En este sentido apuntaron que “resulta imposible aceptar” que este sitio llamado “campo de exterminio” operara sin la complicidad de autoridades y fuerzas de seguridad, y que después de la inspección realizada hace seis meses el predio haya quedado “sin protección ni aplicación de los protocolos de exhumación” de las fosas clandestinas.

“Esto significa que el Estado mexicano estaba obligado a conocer la comisión o el riesgo real e inminente de estas desapariciones” y que “ha consentido” estas prácticas, no ha adoptado medidas para prevenir el delito, investigar y castigar a los responsables, y “ha actuado en complicidad con quienes son perpetradores”, señalaron en un comunicado.

La semana pasada el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo público el hallazgo en el terreno ubicado en el poblado La Estanzuela, donde además se encontraron restos calcinados, más de 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales, libretas con nombres y apodos y cinco lotes de restos óseos fragmentados

“La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales”, recalcaron.

Las organizaciones y los colectivos de búsqueda señalaron que desde el año 2019, Jalisco no dejó de ocupar el primer lugar a nivel nacional en el número de personas desaparecidas, con un registro de más de 15 mil personas ausentes de las que aún se desconoce su paradero, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Además de los colectivos, organizaciones como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Red Nacional por los Derechos de las Víctimas, solicitaron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que cree un mecanismo internacional para la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expuso que la conmoción que ha causado el hallazgo “debería llevar a una revisión profunda del tema, que ha sido relegado”.

María Luisa Aguilar, subdirectora de la citada organización civil, destacó “el abandono que hay a las necesidades de generar esquemas extraordinarios de identificación forense en México ante una crisis que es latente y que se ve ejemplificada en este caso” del rancho Izaguirre.