Bruselas. La Unión Europea propuso un nuevo sistema de retorno de migrantes no aceptados, incluyendo la posibilidad de que los países del bloque activen centros donde reunir a las personas a ser deportadas.

El plan se propone adoptar un mecanismo "más rápido, más simple y más eficiente" para enviar de retorno a sus países de origen a los migrantes no aceptados, apuntó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque.

"Con este nuevo sistema europeo de retornos, garantizaremos que quienes no tengan el derecho de permanecer en la UE sean enviados de regreso efectivamente", apuntó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

"Con relación a los 'centros de retorno', estamos creando el marco para que los países del bloque exploren nuevas soluciones. Estamos creando el marco legal, pero no el contenido", dijo Brunner.

La controvertida propuesta de los centros para fines de deportación, que deberán estar situados fuera del territorio de la UE, ya ha generado visibles divisiones entre los países del bloque, por el temor de que permita violaciones a los derechos humanos.

La normativa se aplicaría para aquellos migrantes que no posean derecho a permanecer en la UE y personas a los que se les negó el pedido de asilo.

Brunner agregó que cuando las obligaciones normativas no se cumplan, "habrá consecuencias para que las personas que no cooperen, que representen un riesgo de fuga", o que se escondan en otros países del bloque.

La idea es que sean los países de la UE quienes pongan en marcha esos centros, y no la UE en sí misma. Así, cada miembro del bloque tendría que alcanzar acuerdos bilaterales con otros países que no pertenezcan a la UE para implementar esos centros.

Presión creciente

Además, la UE propuso el reconocimiento mutuo entre los países del bloque de las decisiones sobre el tema. Así, una decisión tomada en Austria sobre deportación de una persona deberá aplicarse en España o Portugal.

Los datos muestran que menos del 20% de los inmigrantes que reciben la orden de retornar a sus países de origen lo hacen realmente, y ese cuadro explica la presión por medidas más efectivas para deportar las personas no aceptadas.

La propuesta de la Comisión determina que el retorno forzado al país de origen "será obligatorio" cuando una persona sin derecho a permanecer en la UE no coopere y permanezca en el bloque, pero también incentivará los regresos voluntarios.

"Todas las medidas relacionadas con el regreso [de los migrantes] deberán ser aplicadas con pleno respeto a los estándares internacionales sobre derechos humanos y fundamentales", con posibilidad de apelación y suporte a personas vulnerables, afirmó la Comisión Europea en una nota.

Para entrar en vigor, esta propuesta debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE.

Impulsados por países favorables a una 'mano dura' con la inmigración -como Suecia, Italia, Dinamarca y Países Bajos-, dirigentes de la UE pidieron en octubre una nueva normativa para acelerar el retorno de inmigrantes indeseados.

Control

Antes de formular el anuncio, Brunner había apuntado que las medidas propuestas permitirán que los europeos sientan "que tenemos control de cuanto sucede en Europa".

Sin embargo, Camille Le Coz, del grupo de reflexión política Instituto Europeo de Política Migratoria, apuntó que la propuesta aún incluye cuestiones que no están resultas, como el de la administración de los centros de retorno.

"¿Quién los financiará? ¿Habrá dinero europeo, con qué país, para qué perfil?", se preguntó, para añadir que en su opinión es poco probable que haya en realidad una multiplicación de esos centros.

Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, apuntó que los centros de retorno se tornarán el centro de problemas legales. "Podemos esperar litigios prolongados, probablemente centros costosos que queden vacíos o que vivan en un limbo", comentó.

Es lo que ha ocurrido con una iniciativa lanzada por Italia, para reunir migrantes no aceptados en un centro en Albania, y que sin embargo está trabado en tribunales.

Marta Welander, del Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés), dijo que la propuesta probablemente arrojará como resultado "un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos".

"Mantener a esas personas deliberadamente oculta no es una solución sostenible para los desafíos de migración de Europa", señaló.