Un total de mil 947 carpetas de investigación se iniciaron por el delito contra la intimidad sexual de 2023 a la fecha, ilícito que consiste en grabar, fotografiar, difundir o compartir imágenes, videos o audios de una persona sin su consentimiento, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
Datos de la dependencia obtenidos vía transparencia refieren que, de ese universo de afectados, la mayoría fueron mujeres, cuyas edades oscilaban de 18 a 29 años y de 30 a 39 años, mientras los hombres que iniciaron estos procesos tenían de 30 a 40 años.
Refirió que de los registros de investigación se obtuvieron 108 vinculaciones a proceso, 40 acuerdos reparatorios y en sólo tres casos las víctimas otorgaron el perdón.
Destacó que el año en que se tuvieron más expedientes por este ilícito fue 2023, al registrarse 946 carpetas de investigación, mientras en 2024 fueron 931 y hasta enero de 2025 se tenían contabilizadas 70.
Señaló que en 2023 y 2024, en sólo 99 de las investigaciones se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Desde hace siete años, el programa Abogadas de las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México proporciona asesoría jurídica para presentar denuncias de cualquier tipo de violencia de género y para solicitar medidas de protección. Tan sólo el año pasado se dieron 814 asesorías a mujeres que decidieron proceder contra este tipo de ilícito.
En tanto, la FGJ cuenta con centros de Justicia para las Mujeres ubicados en diversas circunscripciones, donde se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas, así como niños de hasta 12 años, víctimas de violencia familiar y de género.
Los servicios van desde trabajo social, atención sicológica y asesoría en materias familiar, civil, penal y laboral para el ejercicio de los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México informó que de 2020 al 31 de enero pasado los expedientes vinculados a la filtración de información de víctimas por personas servidoras públicas fueron 19, mientras que, también en ese lapso, se contabilizaron cuatro quejas por la difusión de imágenes de víctimas de agresiones (particularmente mujeres) y/o feminicidios.