Millones de mujeres salieron a marchar en todo el planeta en rechazo al sistema machista que las violenta, conculca sus derechos y las relega a un segundo plano en todos los ámbitos de la vida. En México, como cada año, las principales demandas giraron en torno al cese de las formas extremas de violencia que padecen, en particular violaciones, feminicidios y desapariciones forzadas.
La gran mayoría de los actos de protesta efectuados en territorio nacional se llevaron a cabo sin incidentes que lamentar, pero en casos puntuales se presentaron actos de vandalismo por parte de provocadores, así como episodios de represión que no tienen cabida en una sociedad democrática. Especialmente deplorable fue lo ocurrido en Nezahualcóyotl, estado de México, donde un reducido grupo de policías mostró su falta de preparación y de sensibilidad azuzando a las manifestantes, quienes reaccionaron con enojo y fueron repelidas con gases lacrimógenos. Esta sustancia también fue empleada en Pachuca cuando presuntos integrantes del Bloque Negro derribaron un panel de metal instalado en el perímetro del palacio de gobierno. En la Ciudad de México, ese mismo colectivo intentó detonar una respuesta represiva de las fuerzas del orden, pero afortunadamente éstas se encontraban capacitadas para contener la agresión sin caer en provocaciones. Cabe notar que, al menos en la capital, las células del Bloque Negro incluían hombres, aunque la presencia masculina había sido excluida por la seguridad de las manifestantes.
Más allá de estos eventos aislados y de las posibles infiltraciones en una jornada de lucha de importancia inestimable, el 8 de marzo volvió a visibilizar las múltiples injusticias que padecen las mujeres y a ser un foro contra la normalización de la misoginia. En este contexto, se dio a conocer un estudio según el cual en México sucede la mitad de los casos de acoso sexual en el entorno laboral en seis países de América Latina. Para dimensionar la gravedad de este flagelo, puede señalarse que en Brasil, con casi el doble de la población mexicana, apenas se registró 22 por ciento de estas agresiones. La investigación también resalta las graves asimetrías que marcan este fenómeno: 83 por ciento de las víctimas de acoso sexual en su lugar de trabajo fueron mujeres de entre 20 y 30 años, mientras 9 de cada 10 agresores fueron hombres con posiciones jerárquicas superiores a la víctima. La mitad de los acosadores fueron personas de entre 50 y 60 años. La desprotección es la norma: apenas 11 por ciento de los incidentes condujo a acciones legales.
Precisamente el plano jurídico es uno de los que más opresión y decepciones impone a las mexicanas, como recordaron activistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) con un acto simbólico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que llamaron a todo el Poder Judicial del país a realizar cambios estructurales a favor de las víctimas de feminicidio a fin de dejar en el pasado los procesos mal hechos que permiten la liberación de los agresores. El organismo denunció que, pese a la existencia de marcos legales y mecanismos para erradicar la violencia de género, ésta persiste porque en el Poder Judicial se halla arraigada la cultura machista patriarcal que lleva a otorgar amparos con toda ligereza, sin consideración alguna por los derechos de las víctimas ni por la revictimización en que se coloca a sus seres queridos al hacerlos pasar una y otra vez por el tormento de recordar su pérdida.
Las autoridades de todas las ramas y niveles del gobierno, así como los dirigentes de la iniciativa privada, las iglesias, centros educativos y todas las instituciones deben escuchar el clamor de las mujeres por su derecho a una vida libre de violencia y a la igualdad real en todas sus actividades, pues la transformación que atraviesa el país nunca será completa si excluye a la mitad de sus habitantes.
