El gobierno de Panamá concederá un permiso humanitario de hasta 90 días a migrantes que por razones seguridad no quieren volver a sus países, el cual contempla especialmente a decenas de migrantes deportados recientemente desde Estados Unidos y enviados a un campamento cerca de la selva del Darién, la mayoría asiáticos, anunció este viernes el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

“El compromiso es el retorno voluntario bajo su propio recurso a su país de origen o a un tercer país que los quiera recibir”, señaló Ábrego, en conferencia de prensa, al tiempo de añadir que “si en 90 días ellos no han abandonado el país serán expulsados o deportados”.

A quienes no aceptaron esas condiciones, los trasladaron en autobuses al albergue de San Vicente (de las que distintas oenegés denunciaron las condiciones en las que se encuentran encerrados), en el Darién, a la espera de una solución, sin que puedan salir de ese refugio. “Ellos prefieren pagarse su propio pasaje y hacer sus propias coordinaciones hacia los países que ellos consideran les puedan prestar el apoyo”, afirmó.

El ministro panameño también explicó que la medida aplicaría a 112 de los 299 migrantes recibidos en tres vuelos desde territorio estadunidense tras el reforzamiento de las medidas migratorias desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero.

Según el titular de la cartera, los beneficiarios del permiso son 24 migrantes de Irán, 21 de Camerún, 12 de China, 10 de Nepal, nueve de Afganistán, siete de Vietnam, seis de Etiopía, seis de Uzbekistán, cinco de Nigeria, dos de Eritrea, dos de Pakistán, dos de Somalia, dos de Ghana, dos de Rusia, uno de Angola y uno de Sri Lanka.

Más tarde, avisó que cerrará “los albergues de Bajo Chiquito y Lajas Blancas, en Darién, luego de haber cumplido su función de asistencia humanitaria en el flujo migratorio sur - norte del continente”.

En un pueblito del Caribe panameño, el venezolano Luis Montilla aguarda para pagar una lancha en su camino de regreso tras no lograr entrar a Estados Unidos: prefirió dormir en la playa a estar encerrado en albergues de migrantes porque, expuso, “no somos animales”, declaró a la agencia informativa Afp.

Montilla, de 28 años, y otro medio centenar de venezolanos están varados en la localidad costera de Miramar, en la provincia panameña de Colón, mientras familiares les envían los 260 dólares que cobra a cada uno el lanchero por llevarlos a la frontera con Colombia para luego seguir rumbo a su país u otro destino.

Cruzaron México y Centroamérica a pie y en autobús debido a que Trump endureció la política migratoria a Estados Unidos, asimismo, eliminó la aplicación CBP One con la que pedían cita para solicitar asilo.

Ni Montilla ni los otros quisieron acogerse al plan que anunció esta semana por Costa Rica y Panamá, que envían a los migrantes, en buses que ellos deben pagar, a refugios en remotas zonas fronterizas. La mayoría de venezolanos se devolvió de México. En su trayecto, Montilla durmió en la calle sobre cartones. También come de la caridad.

Frustrada su aventura hacia el norte, Montilla expresó, mientras espera el día para zarpar, que solo quieren “ayuda para avanzar”, esta vez rumbo al sur.