Ciudad de México. Este jueves se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial de los cuatro colaboradores del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, acusados por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Patricia Sánchez Nava, jueza de control del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Oriente, resolverá si vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, de provocar un daño patrimonial al estado por más de 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la impartidora de justicia determinará si continuarán en prisión preventiva justificada, medida cautelar que les dictó el fin de semana durante la audiencia de imputación. Entre otras medidas que la juzgadora puede decretar en caso de procesarlos, es otorgar el tiempo para la investigación complementaria, es decir, donde las partes podrán recabar sus fuentes de prueba y profundizar el estudio de los datos que obran en la carpeta de investigación, con la finalidad de preparar el proceso penal en materia probatoria.
En la actualidad, Aureoles Conejo está prófugo de la justicia, igual que dos ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, además de Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y designado notario público por el propio ex gobernador poco antes de concluir su encargo. Las autoridades mexicanas detectaron que viajó a Argentina, aunque no ha sido localizado.
Los ex servidores están imputados, junto con Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Durante la acusación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción explicó que los inmuebles habían sido arrendados por periodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, que recibió dicha encomienda por adjudicación directa, pese a haber sido creada de forma muy reciente –en 2015–, lo cual, a decir de las autoridades federales, ya daba idea de la mala administración de los recursos públicos.
Según la fiscalía anticorrupción, el inmueble de Apatzingán finalmente se escrituró por 210 millones 562 mil pesos; el de Coalcomán, en 216 millones 699 mil; el de Huetamo, en 128 millones 277 mil pesos; el de Jiquilpan, en 212 millones 999 mil pesos; el de Lázaro Cárdenas, en 294 millones 616 mil; el de Uruapan, en 268 millones 624 mil pesos, y el de Zitácuaro, en 220 millones 659 mil.
Sin embargo, estudios posteriores hechos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que en el caso de Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4; en Jiquilpan, de 90.4; en Lázaro Cárdenas, de 163.4; en Uruapan, de 64.2; Coalcomán, 116 millones, y en Zitácuaro, de 103.8 millones.
