Boston. Un segundo juez federal extendió el jueves la orden que impide a la administración Trump congelar subvenciones y préstamos que podrían sumar trillones de dólares.

El juez John McConnell en Rhode Island otorgó la orden de restricción preliminar en la demanda presentada por casi dos docenas de estados demócratas después de que un plan del gobierno de Trump para una pausa general en el gasto federal generara una ola de confusión y ansiedad en todo Estados Unidos.

En su fallo, McConnell afirmó que el poder ejecutivo estaba tratando de colocarse por encima del Congreso y, al hacerlo, “socava los distintos roles constitucionales de cada rama de nuestro gobierno”.

“El Ejecutivo no ha señalado ninguna autoridad constitucional o estatutaria que le permita imponer este tipo de congelación categórica”, escribió McConnell. “El Tribunal no está limitando la discreción del Ejecutivo ni metiéndose en la administración de los fondos federales. Más bien, de acuerdo con la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, el Tribunal sostiene simplemente que la discreción del Ejecutivo para imponer sus propias preferencias políticas sobre los fondos asignados solo puede ejercerse si está autorizada por las leyes de asignación aprobadas por el Congreso”.

Los estados afirman que una serie de programas aún están esperando fondos federales o alguna claridad sobre si el dinero será entregado. McConnell también afirmó que los estados habían demostrado legitimidad en este caso.

“Los estados han presentado docenas de declaraciones que ilustran los efectos de la congelación indiscriminada e impredecible de los fondos federales, que afectan casi todos los aspectos de las operaciones gubernamentales de los estados e inhiben su capacidad para administrar servicios vitales a sus residentes”, escribió. “Estas declaraciones reflejan al menos un daño particularizado, concreto e inminente que surge de la pausa en la financiación federal: una pérdida significativa e indefinida de fondos federales obligados”.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, declaró que el presidente Donald Trump, un republicano, ha “intentado socavar el Estado de Derecho en favor de un poder ejecutivo ilegal” a través de sus órdenes ejecutivas.

“No tenemos reyes en este país, y la orden de restricción preliminar de hoy reafirma eso”, aseveró Neronha, un demócrata, en un comunicado.

“Los estadounidenses pagan impuestos al gobierno federal sabiendo que el Congreso asignará sus dólares a agencias y programas que los apoyarán en su vida diaria”, continuó. “El congelamiento de fondos federales del presidente sería risible si no fuera tan destructivo. Va en contra de todo lo que sabemos sobre nuestro gobierno, a saber, nuestra separación de poderes, al intentar hacer que el Congreso sea irrelevante”.

Entre los fondos afectados se encuentran miles de millones de dólares que financiarían energía solar en techos en vecindarios de bajos ingresos, subsidios para la compra e instalación de calentadores de agua eléctricos de bomba de calor para hogares de bajos y moderados ingresos, y subvenciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes dañinos.

“El congelamiento ilegal de fondos del gobierno de Trump puso en peligro la financiación para la aplicación de la ley, servicios esenciales de salud y cuidado infantil, y otros programas críticos de los que dependen millones de estadounidenses”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata, en un comunicado.

La Casa Blanca había dicho anteriormente que la pausa temporal en la financiación garantizará que los pagos cumpan con la agenda de Trump, que incluye aumentar la producción de combustibles fósiles, eliminar las protecciones para las personas transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión.

El gobierno republicano ha revocado desde entonces un memorando que describía el congelamiento de fondos. Sin embargo, muchos gobiernos estatales, universidades y organizaciones sin fines de lucro denuncian que las agencias federales continúan bloqueando la financiación para una variedad de programas.

La jueza Loren AliKhan en Washington también ha extendido una orden que bloquea el congelamiento de fondos. AliKhan otorgó una orden de restricción preliminar solicitada por grupos que representan a miles de organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas.