Washington. La guerra del presidente estadunidense, Donald Trump, contra los cárteles de la droga busca evitar que México se convierta en un narcoestado, aseguró ayer el vicepresidente estadunidense, JD Vance, durante su visita a la frontera sur de Estados Unidos, y recordó que su gobierno está facultado para usar a las fuerzas armadas contra estas organizaciones.

Vance afirmó que la administración Trump designó a los grupos de narcotráfico organizaciones terroristas con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

“Nuestro plan también le está haciendo un gran favor a la población de México. Si no logran controlar el problema, su pueblo se despertará en un narcoestado donde los cárteles tendrán más poder que su propio gobierno”, agregó.

El vicepresidente explicó que tras designar terroristas a los cárteles, Estados Unidos puede desplegar al ejército para aplicar la ley en la frontera, aunque son decisiones del presidente, aclaró.

Subrayó que prefería que su vecino se encargue del tema, que “el gobierno mexicano se ayude a sí mismo, pero también, en el proceso, que ayude al pueblo estadunidense. Va a desestabilizar a todo el país, a todo el gobierno, si no se lo toman más en serio.

Esperamos que lo hagan, y si no, veremos qué hacer a partir de ahí, sostuvo, aunque respondió con un rotundo no cuando le preguntaron si las nuevas medidas daban luz verde a las fuerzas armadas para cruzar hacia México y atacar a los cárteles.

No voy a hacer ningún anuncio sobre ninguna invasión a México aquí hoy. El presidente tiene un megáfono y, por supuesto, hablará sobre estos temas cuando lo considere necesario, atajó.

En tanto, un análisis del Wall Street Journal reveló que la administración Trump ha dejado de utilizar aviones militares para enviar a migrantes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, a la Bahía de Guantánamo o a otros países, por ser costosos e ineficientes, según reportes de funcionarios de Defensa.

Tres vuelos de deportación a India costaron 3 millones de dólares cada uno. En el caso de una docena de personas enviadas a Guantánamo, el gasto representó al menos 20 mil dólares por migrante, según análisis del Journal.

En tanto, congresistas republicanos reprendieron a los alcaldes demócratas Michelle Wu, de Boston; Brandon Johnson, de Chicago; Michael Johnston, de Denver, y Eric Adams, de Nueva York, por sus políticas migratorias pro criminales . “Las ciudades santuarios nos hacen a todos menos seguros y son una pesadilla para la seguridad pública”, opinó el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Por otra parte, la migración hacia Estados Unidos a través de la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se redujo 60 por ciento, informó la canciller colombiana, Laura Sarabia. Cerca de 300 mil personas atravesaron la peligrosa zona en 2024, de acuerdo con la autoridad migratoria panameña.