El 28 de diciembre pasado, Madeleine Speed y Christine Murray publicaron en el Financial Times una noticia que ha inquietado tanto al sector tequilero como a mercados internacionales y a los consumidores de este espirituoso de agave.
El texto indica que tras la desaceleración de la demanda de tequila sobre todo en EU, los inventarios de las fábricas de tequila están llenos, lo cual significa que no están en condiciones de almacenar más destilado del que quisieran en un contexto favorable por la caída de los precios del agave, al desplomarse de 30 pesos (junio de 2023) a seis (diciembre de 2024), lo que representa una pérdida de 80 por ciento en 18 meses.
La industria requiere 600 millones de agaves al año. Un inventario de 2024 señalaba que había mil 600 millones, otros datos más crudos sostienen que hay 8 veces más agave del que se necesita.
Es un escenario inédito. En anteriores ocasiones, la caída del precio del agave perjudicaba a los agaveros, pero beneficiaba a los tequileros con un mercado boyante; por el contrario, el alza en el precio del agave, más o menos cada tres lustros, era una oportunidad para los agaveros de recuperación por los años de ventas con precios bajos. En esta ocasión todos pierden.
Aunado con la disminución en los volúmenes de venta en EU y México está el hecho de que, en menos de 10 años, el número de productores de agave pasó de 8 mil a más de 42 mil. Lo cual incrementó en varias veces la cantidad de agave requerido para producir tequila.
Así, el conflicto social y agrícola que está aconteciendo, y que tiene entre sus expresiones tanto las protestas y marchas, como la formalización de agrupaciones de agaveros, no se resolverá sin un análisis de la manera en que ha venido operando el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y de la concesión pasiva de las autoridades estatales y federales, para que la denominación de origen tequila (DOT), propiedad del Estado mexicano, siga funcionando como una renta monopólica.
El incremento desproporcionado en el número de plantaciones de agave exhibe la ausencia de ordenamiento territorial por el Estado y de planeación por el CRT. Representa, además, un duro golpe para el poco acertado programa Agave Responsable Ambiental (ARA) que certifica que los agaves utilizados para el tequila no provengan de predios deforestados, pero al mismo tiempo tan sólo en Jalisco califica como viables 3 millones de hectáreas, cuando en este momento con menos de medio millón de hectáreas plantadas en toda la denominación se está presentando este problema de sobreoferta de agave.
Las soluciones a las que deberían llegar agaveros, tequileros, CRT y Estado mexicano deben considerar el escenario presente y los futuros.
En el presente la compra social de un porcentaje de agave por las industrias, incluso priorizando ese agave sobre el propio, podría ser un acto de buena voluntad. Pero los criterios deberían ser más acordes a la realidad y no falsas soluciones como el programa Agave Responsable Social, que no se ajusta a las condiciones de los agaveros tradicionales. Ninguno ha logrado vender bajo ese esquema. La formación de cooperativas de producción y comercialización es otra de las opciones que han comenzado a considerarse, con un precio de garantía de 10 pesos como base.
Otra acción propuesta por los agaveros es que todo el tequila que se produzca sea 100 por ciento de agave. A mediano plazo, es deseable que la NOM-006-SCFI-2012 se actualice y que ahí se estipule que todo el tequila deba ser 100 por ciento de agave. La modificación para permitir 49 por ciento de otros azúcares proviene de la norma DGN-V-7-1970, en un contexto de relativa escasez de agave, que evidentemente no es el actual.
Pero, dado que hay nuevos gobiernos estatal y federal, habría condiciones para crear una ley de ordenamiento ecológico territorial de Agave tequilana, con un órgano específico para regular la fase agrícola, y en ese sentido no competiría con el CRT encargado de regular la fase industrial de producción de tequila. Un buen ejemplo proporcionado por los propios agaveros es el de algunos ingenios azucareros con una estrecha relación con los productores de caña. Se planta lo que se necesita de acuerdo con una proyección, se cosecha cuando se requiere. Todo se monitorea y certifica. El complemento a ese ordenamiento es la agricultura por contrato.
En esa ley deben considerarse unidades de verificación municipales o regionales, integradas por los eslabones de la cadena, por autoridades y academia, para evitar el mercado negro de guías para la introducción de agave, garantizar la calidad de la planta, llevar censos, inventarios, y lo necesario para ajustar el precio a partir de indicadores como: grados Brix, reforestación, mejora de suelos, gestión de residuos, manejo de plagas y enfermedades, y otras labores que den cuenta de una transición agroecológica; por ejemplo, la primera de ellas acorde con las políticas del actual gobierno federal de promover la agricultura de policultivo.
El panorama actual revela una crisis sin precedente donde la inacción regulatoria y gubernamental amenaza con devastar no sólo a dos terceras partes de los más de 42 mil productores de agave, sino con efectos en toda la cadena productiva del tequila. La política de “dejar hacer, dejar pasar” está provocando una purga económica que eliminará a los eslabones más vulnerables: pequeños productores, jornaleros, jimadores y trabajadoras de las envasadoras.
Cuando el precio del agave se ha desplomado 80 por ciento y los inventarios industriales están cubiertos, la pregunta ya no es si el gobierno mexicano actuará, sino cuántos empleos y familias se verán afectados antes de que decida intervenir. La DOT, patrimonio del Estado, requiere una gestión responsable y planificada, no el actual modelo que privilegia la renta monopólica sobre el desarrollo territorial sostenible. El tiempo de la retórica ha terminado; se necesitan acciones concretas, ordenamiento territorial y una regulación efectiva antes de que la crisis escale.
*El Colegio de Michoacán
