Quito. Aunque no se ha firmado el contrato, la adjudicación del Campo Sacha (el más grande y de mejor rendimiento petrolero en Ecuador) ha recibido rechazos desde diversos sectores, más aún después de conocerse que algunas empresas vinculadas al consorcio extranjero tendrían relación con firmas de la familia del presidente Daniel Noboa.
Y todo esto ocurre en medio de la declaratoria de un nuevo estado de excepción decretado por el mandatario para siete de las 24 provincias, “con el fin de garantizar la seguridad pública ante los altos índices delictivos por la criminalidad”, pero también para impedir la movilización o protesta popular que se anuncia contra la privatización petrolera.
El viernes pasado el gobierno ecuatoriano entregó la explotación del Campo Sacha a la empresa privada SINOPETROL por 20 años, a cambio que esta firma invierta y aumente la producción. Sin embargo, el consorcio internacional se quedará con 87.5 por ciento del petróleo que extraiga, mientras el Estado solo recibirá entre 12.5 y 18.5 por ciento. En otras palabras, de cada 10 barriles de petróleo, Ecuador apenas recibe 1 ó 2. Incluso, la crítica apunta a que
SINOPETROL se quedaría con la mayor parte del petróleo sin haber descubierto el pozo ni construido la infraestructura, ya que el campo ya estaba funcionando bajo la administración y explotación de la estatal Petroecuador desde la década de los setenta del siglo pasado.
Además, las sospechas también apuntan a un hecho inusual: la firma de la adjudicación no la hizo la ministra de Energía, Inés Manzano, como se acostumbra en estos casos, sino por un viceministro (Fabián Calero) con conexiones políticas cuestionadas, lo que genera dudas sobre intereses ocultos detrás de la negociación.
De acuerdo con varios expertos, muchos de ellos afines a Noboa, Ecuador pierde el control sobre uno de sus campos petroleros más importantes; recibe una parte mínima de la producción, mientras en otros países los contratos son más justos. De hecho, el supuesto éxito de esta negociación depende de que la empresa privada realmente invierta lo prometido.
Y, como ha dicho el ex presidente Rafael Correa, de concretarse el contrato, previsto para el 30 de marzo, la afectación principal es porque Ecuador pierde una de las principales fuentes de ingreso del país para las próximas dos décadas. En la misma postura se han plantado ex ministros de Energía de los gobiernos de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Con lo cual, a Noboa se le pone “cuesta arriba” legitimar una acción de este tipo, a tres meses del cambio de gobierno. Tan es así que la candidata presidencial Luisa González dijo ayer en la mañana que de dirigir el Estado desde el próximo 24 de mayo, derogará todos los contratos y acuerdos firmados en este sentido, así como reincoroporará a todos los funcionarios despedidos de Petroecuador por el actual gobierno.
Al caer la tarde de ayer, Noboa expuso, por primera vez, su postura en su cuenta de la red social X, al advertir que su gobierno no firmará el contrato con Sinopetrol para la exploración del campo Sacha, considerado “la joya de la corona petrolera”, si la prima (bono anticipado) de mil 500 millones de dólares no es desembolsada hasta el 11 de marzo de 2025 a las 21:00. La condición, según el mandatario, responde a la urgencia de inversión social en seguridad, salud y bienestar de los ecuatorianos. “La negociación para la exploración del campo Sacha se mantiene ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen”, expuso en una carta publicada en su cuenta de X.
Frente a todo esto, en las últimas 48 horas, las alertas se encendieron por coincidencias entre El Ordeño S.A.S, y la empresa Amodaimi-Oil Company S.L, que está detrás del consorcio que busca operar el Campo Sacha. El Ordeño tiene como accionista minoritario a la empresa Agroindustrias San Esteban, que tiene como una de sus accionistas a Isabel Noboa Pontón, tía de Daniel Noboa. Además, esta compañía es una las empresas del Grupo Noboa, del cual es parte como directivo el actual mandatario ecuatoriano.
De hecho, esta empresa vinculada a los Noboa, a través de Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas Corpabe S.A., está detrás del millonario contrato para la distribución del desayuno escolar que da el Gobierno. Por su parte, Amodaimi-Oil, junto a Petrolia Ecuador S.A. conforman el consorcio chino-canadiense Sinopetrol.