En apenas unos días, se levantó en casi todo el país una enorme ola de descontento magisterial, contra la regresiva reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) del 7 de febrero de 2025. El malestar no es nuevo. Tiene una larga historia de agravios acumulados.
Desde su fundación hace más de 45 años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha movilizado contra los pésimos servicios del Issste y, desde 1997, en rechazo a su privatización. Si alguien sabe de qué va la actual iniciativa y por qué es nefasta para los maestros, son, precisamente ellos.
El 7 de marzo de 1980, más de 5 mil profesores democráticos morelenses marcharon en Cuernavaca para protestar por la muerte de su compañera Rutilia Estrada, fallecida por negligencia médica. Demandaron la destitución del delegado del instituto en la entidad y la construcción de más clínicas. Desde entonces, protestas similares han sido constantes. La coordinadora ha documentado hasta innumerables casos de pésimo servicio, falta de medicinas y cobertura insuficiente.
Fundado en 1959, el Issste estableció la redistribución del ingreso como criterio para normar el funcionamiento del sistema de pensiones de los servidores públicos. Decretó que aportarían 3.5 por ciento de su salario para el sistema de jubilaciones, y que lo que se requiriera para el pago total de éstas sería cubierto por el gobierno federal.
Los primeros amagos para privatizar el instituto datan de 1997. Se inspiraron en las reformas al Seguro Social, aprobadas en diciembre de 1995. Con Vicente Fox (2000-06) en Los Pinos, y los personeros de Elba Esther Gordillo al frente de la institución, se intensificaron los intentos por “reformarlo” a favor de particulares.
En Ciudad Juárez, el 23 de octubre de 2004, una multitud de enardecidos trabajadores de la educación chocó con elementos del Estado Mayor Presidencial que resguardaban al mandatario, al grito de “¡Fox, entiende, el Issste no se vende!” Despistado, el señor de las botas sólo atinó a decir –como hace ahora una legión de políticos– que los profesores “no debían de dejarse engañar”. Las movilizaciones frenaron el proyecto en ese segundo round.
Sin embargo, al llegar Felipe Calderón a la Presidencia (2006-12) arreció la ofensiva “reformista”. Con Miguel Ángel Yunes (entonces al servicio de La Maestra) al frente de la institución, se aprobó, en madruguete legislativo, la contrarreforma.
La nueva ley trasladó el régimen de jubilación a cuotas individuales, cargando su funcionamiento sobre los trabajadores. Rompió el espíritu de solidaridad social como mecanismo redistributivo del ingreso y de solidaridad intergeneracional, originado en la Constitución de 1917. Socavó y desapareció conquistas laborales. Se convirtió en vía para aumentar requisitos para el retiro y disminuir prestaciones. La seguridad social es parte del salario indirecto que la Constitución garantiza a los trabajadores. Al erosionarla y desmantelarla, se homologó a la baja el salario.
Así, cientos de miles de servidores públicos se ampararon contra la reforma en sucesivas oleadas. Sin exagerar, sacudieron el país. Frente a las oficinas de la institución en la Ciudad de México, montaron un campamento al que bautizaron Plantonissste y Lomas del Issste. La Suprema Corte tuvo que intervenir. El 19 de junio de 2008, con argumentos extralegales, falló contra los trabajadores. Ninguno de los pretextos que se esgrimieron entonces para aprobarla (mejorar los servicios médicos y quitar presión a las finanzas públicas) se han cumplido. Por si fuera poco, se dejó sin castigo el saqueo y la corrupción perpetrados por los directivos en turno.
La situación se agravó cuando, en enero de 2017, entró en vigor el decreto por el cual las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado dejaron de fijarse en salarios mínimos y pasaron a establecerse en unidades de medida y actualización (UMA). El golpe a los jubilados fue tremendo. Mientras el salario mínimo para 2025 es de casi 279 pesos, la UMA está en apenas 113 pesos.
La nueva propuesta de Ley del Issste mantiene las pensiones en UMA. Además, parte de una base constitucional endeble. Atenta contra el principio de equidad tributaria que figura en la fracción 4 del artículo 31 constitucional, al querer extraer a los trabajadores una aportación extraordinaria para el seguro de salud, sobre una base contributiva de excepción: para unos, percepción neta; para el resto, sueldo básico.
Muchos de los actuales dirigentes de la CNTE se formaron en las jornadas de oposición a la contrarreforma de 2007 y en la resistencia al asalto a las pensiones de 2017. Desde entonces, exigen abrogarlas. En todo el país han surgido vigorosos e informados movimientos de jubilados que demandan modificar el injusto marco legal y recibir pensiones decorosas. Los docentes democráticos han sido uno de los sectores más combativos y más combatidos en las últimas décadas. Rechazan la actual iniciativa porque mantiene intacto el corazón de la contrarreforma de Calderón y la de Peña, además de recaudar recursos a costa de los trabajadores de base (y no sólo de confianza). Saben de qué hablan.
El 9 de diciembre, se ofreció a la CNTE dejar atrás la legislación neoliberal en la materia. No ha sucedido. Urge una nueva Ley del Issste que elimine el sistema de cuentas individuales; establezca la jubilación a partir de 28 años de servicio en mujeres y 30 en hombres; ofrezca vivienda digna y barata; cambie el pago de pensiones de UMA a salarios mínimos y no obligue a pagar adicionalmente 2.7 por ciento. La que se encuentra en la Cámara de Diputados debe retirarse ya, a menos que se quiera terminar de despertar al tigre magisterial, tal como el sargento Aurelio Nuño y compañía lo hicieron en 2015-16.
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