El presidente guyanés, Irfaan Ali, ordenó ayer una movilización militar aérea y naval tras afirmar que un buque de guerra de Venezuela incursionó en las proximidades de una plataforma petrolera de la estadunidense Exxon Mobile, en lo que aseguró que son aguas pertenecientes a su zona económica exclusiva. De inmediato, la cancillería de Venezuela respondió que la zona marítima en cuestión está pendiente de delimitar, criticó que Georgetown haya realizado concesiones de explotación petrolera en una zona que se encuentra en disputa y describió a Ali como el Zelensky del Caribe.

El gobierno de Estados Unidos y la obsecuente secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) atizaron la tensión: el Departamento de Estado de Washington tildó la presencia del barco venezolano de inaceptable y clara violación del derecho marítimo de Guyana, internacionalmente reconocido, en tanto que el organismo panamericano, encabezado por Luis Almagro, criticó a Caracas por socavar la estabilidad y amenazar los principios de convivencia pacífica.

El incidente se inscribe en el conflicto territorial de larga data entre Guyana y Venezuela: mientras la segunda reclama los territorios situados al oeste del río Esequibo, a los que el Legislativo de Caracas erigió recientemente como el estado de Guayana Esequiba, la primera insiste en acogerse a un viciado laudo de 1899 que fue adoptado sin la presencia de representantes venezolanos y que concedió a Inglaterra, la potencia colonial entonces en poder de Guyana, una extensión de unos 128 mil kilómetros cuadrados hasta entonces venezolanos. Dicho documento fue posteriormente denunciado por Venezuela, lo que condujo al Acuerdo de Ginebra, en el que Caracas y Londres se comprometieron a establecer un mecanismo para resolver el conflicto. Actualmente, el diferendo se encuentra bajo la intermediación de la Secretaría General de la ONU.

El conflicto territorial se ha agudizado en tiempos recientes por la determinación del gobierno de Georgetown de otorgar en forma unilateral enormes concesiones petrolíferas a diversas transnacionales, entre las que destaca ExxonMobil. Adicionalmente, Guyana mantiene una disputa con Surinam por el área de Tigri, ilegalmente ocupada por militares guyaneses desde hace más de medio siglo.

Resulta deplorable que tanto Washington como la OEA hayan decidido aprovechar el incidente del pasado fin de semana para acrecentar el desacuerdo entre los dos países caribeños. Es inocultable que Estados Unidos ha actuado no sólo para proteger los intereses de los concesionarios petroleros, sino también con el propósito de debilitar al gobierno de Nicolás Maduro. Almagro, por su parte, ha incurrido en una más de sus indecencias al apresurarse a tomar partido en un asunto ante el cual debería observar una neutralidad de principio, habida cuenta que tanto Guyana como Venezuela son integrantes del organismo que dirige.

En tales circunstancias, resulta clara la necesidad de que la Secretaría General de la ONU intervenga a la brevedad para aliviar las tensiones y que el diferendo sea llevado a un foro con mayor prestigio, autoridad e imparcialidad que la OEA, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que forman parte tanto Georgetown como Caracas. En todo caso, las diplomacias latinoamericanas deben intervenir para evitar que este conflicto territorial incubado por el colonialismo derive hacia una escalada bélica que sería desastrosa para toda la región.