Ciudad de México. Debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, autorizados entre 2016 y 2021 por el entonces gobernador Silvano Aureoles, tuvo lugar un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos.
Durante la audiencia que se realiza desde la noche del sábado en los juzgados de procesos penales federales del Reclusorio Oriente -y que continúa hasta el momento- se determinó que la mencionada operación, realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República, fue posible gracias a la autorización de Aureoles.
En la audiencia se encuentran cuatro ex colaboradores del mandatario estatal de extracción perredista, quienes escucharon de la parte acusadora una relatoría de los hechos que configurarían los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Los cuarteles policiacos en cuestión se encuentran en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitacuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Se espera que la audiencia se prolongue todavía entre cuatro y seis horas más.
