El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala de haber dirigido a un grupo de sus colaboradores para desviar mil millones de pesos del erario destinados a la construcción de siete cuarteles de policía durante su mandato.
Hasta ahora se ha confirmado la detención de cuatro de siete ex funcionarios michoacanos, contra quienes se libró orden de aprehensión. Se trata de Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa, y Antonio Bernal Bustamante, primer secretario de Seguridad durante el gobierno de Aureoles Conejo.
Además del ex gobernador, siguen prófugos dos ex secretarios de Seguridad Pública y otro funcionario de Finanzas. Cuando sean detenidos serán trasladados y puestos a disposición de un juez en el Reclusorio Oriente, como ocurre con los otros
El ex mandatario y sus presuntos cómplices serán imputados de haber incurrido en administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los delitos que se les atribuyen no son considerados graves, por lo que podrían obtener libertad bajo caución, sin embargo, en el caso de Maldonado, por haber intentado evadirse de la justicia podría recibir prisión preventiva justificada.
El ex funcionario intentó huir a Miami vía Guadalajara, pero fue detenido por la Interpol y entregado a la FGR; se le cumplimentó la orden de captura a su arribo a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con funcionarios de la FGR y del Poder Judicial de la Federación (PJF), la audiencia inicial para los cuatro se programó para las 21 horas de ayer.
La denuncia inicial fue presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Posteriormente se recibieron dos más.
Silvano Aureoles Conejo evadió ayer la justicia en un helicóptero. Al cierre de la edición se desconocía su paradero. La imagen, en octubre de 2022. Foto Roberto García Ortiz
La primera querella fue asignada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y como se determinó que no había delincuencia organizada, el expediente se turnó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, señalaron colaboradores del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Las carpetas dieron origen a la causa penal 118/2025, que fue radicada en los juzgados federales con residencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
En cuanto a Aureoles Conejo, de acuerdo con información de integrantes de la FGR, evadió a las autoridades abordando un helicóptero de Michoacán al estado de Jalisco, sin que haya sido ubicado hasta el cierre de esta edición. En cuanto sea detenido se le podría dictar prisión preventiva justificada.
Contratos irregulares
Información del gobierno de Michoacán refiere que durante la gestión de Aureoles (2015-2021), la construcción de siete cuarteles de policía fue utilizada para el desvío de recursos.
Para estas obras, el entonces mandatario y su secretario de Finanzas acordaron utilizar recursos que el gobierno federal les entregó como parte de sus participaciones a entidades federativas.
De acuerdo con los datos obtenidos, tres días antes de anunciar la construcción de los cuarteles se constituyó la empresa inmobiliaria DyF SA de CV, y el gobierno de Aureoles autorizó la adjudicación directa de los contratos, señalando que la compañía arrendaría los cuarteles. Sin embargo, como parte de los acuerdos para las obras, el gobierno michoacano les financió la adquisición de los terrenos donde se instalarían, porque aún no los habían construido.
Luego se celebraron contratos de mantenimiento para que la empresa siguiera obteniendo recursos, y días antes de terminar su mandato, Aureoles firmó un nuevo contrato para la adquisición de los cuarteles.
De acuerdo con análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Auditoría Superior de la Federación, se determinó que el daño al erario federal ascendió a mil millones de pesos.
