Ciudad de México. Los cuatro ex colaboradores del ex gobernador Silvano Aureoles, implicados en  operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, que implican un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos, se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional.

Es decir, que la situación jurídica de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad con Aureoles, pudiera resolverse el próximo fin de semana.

Hace unos minutos Patricia Sánchez, Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, decretó un receso para resolver la cuestión de las medidas cautelares que le aplicarán a cada uno.

A lo largo de la audiencia,  que arrancó a las 9 de la noche de ayer, la defensa de los imputados solicitó varias horas para analizar las constancias del expediente; en el caso de Carlos Maldonado, intentó retrasar la diligencia argumentando que tenía problemas de presión arterial. Sin embargo, las revisiones médicas que se le realizaron dieron como resultado que tenía la presión normal.

En la audiencia se mencionó que debido a operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y posteriormente adquisición de siete cuarteles policiacos en el estado de Michoacán, autorizados entre 2016 y 2021 por el entonces gobernador Silvano Aureoles, tuvo lugar un daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos.

Además  se determinó que la mencionada operación, realizada de "manera sumamente inexplicable e irracional", según la Fiscalía General de la República, fue posible gracias a la autorización de Aureoles.

Los cuarteles policiacos en cuestión se encuentran en los municipios de Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán, Coalcoman, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, y a decir de la Fiscalía, el daño patrimonial por dicha operación ascendería a 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.