Desde la madrugada del viernes y durante el sábado se han cumplimentado órdenes de aprehensión contra ex altos funcionarios del estado de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien ocupó el cargo bajo las siglas del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la detención del ex gobernador, pero sí la de Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad; y hay al menos otras tres órdenes de captura cuyo estatus se desconoce por el momento por ilícitos como desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y formar parte de una red de corrupción.

El operativo para llevar ante la justicia a Aureoles y sus colaboradores deriva de investigaciones de varios años de antigüedad en torno a la corrupción que marcó al sexenio del último gobernador perredista. Éste nunca disimuló su adicción a llevar un estilo de vida de multimillonario financiado con dinero público, como quedó patente cuando terminó su gestión y en el interior de la residencia oficial se encontraron lujos impropios de un funcionario, incluyendo habitaciones con un nivel de blindaje fuera de toda proporción y que sólo puede comprenderse a partir de los señalamientos de vínculos con el crimen organizado que lo persiguieron durante más de una década. Asimismo, desde hace tiempo se han revelado contratos corruptos para la construcción de cuarteles de policía y renta de helicópteros a una compañía de la que se le presume propietario. El caso de las instalaciones policiales fue uno de los mayores escándalos, pues no parece haber un aspecto de las mismas que no esté tocada por el desfalco: además de que cada una de las siete sedes levantadas contaba con casas de gobierno blindadas y helipuertos para uso exclusivo del ex mandatario, fueron objeto de una cadena de operaciones inmobiliarias fraudulentas, como el pago de arrendamiento por instalaciones pagadas por el propio gobierno y la compra de los complejos por mil 760 millones 366 mil pesos a unas horas del final del sexenio en 2021.

La corrupción desenfrenada, el talante represivo de Aureoles y su llegada al poder como parte del tráfico de influencias sobre el que se construyó el Pacto por México entre PRI, PAN y PRD inscriben al ex gobernador en el mismo grupo de Roberto Sandoval (Nayarit), César Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y Rodrigo Medina (Nuevo León), quienes fueron celebrados por Enrique Peña Nieto como representantes de un nuevo PRI, pero terminaron procesados por los miles de millones de pesos desviados durante sus administraciones. En este sentido, Aureoles Conejo simboliza la fase final de decadencia del neoliberalismo como forma de hacer política a través de pactos mafiosos en los que la función pública era vista como un simple medio para el enriquecimiento personal y faccioso. El descrédito y el rechazo de esos usos políticos por parte de la ciudadanía definen el fracaso actual de las fuerzas de derecha y el final de personajes como el michoacano, quien en el último ciclo electoral aseguró que ganaría la Presidencia de la República pero no pudo ni siquiera acceder a un escaño en el Congreso por el distrito en el cual fue alcalde.

Además de los delitos financieros y contra el erario por los que se les busca, cabe esperar que él y sus colaboradores respondan por las agresiones perpetradas contra movimientos sociales en uno de los periodos más oscuros para el estado de Michoacán. La fiscalía no debería tener problemas para exponer ante tribunales las evidencias que pesan sobre los ex funcionarios y procesarlos conforme a derecho, en total respeto a sus garantías pero con un fuerte énfasis en la búsqueda de justicia.