Ocurre frecuentemente que los jueces de lo familiar ordenan en un caso de violencia vicaria que los hijos queden bajo la tutela del agresor. “Sucede porque no toman en cuenta el contexto de violencia familiar, porque no valoran adecuadamente las evidencias que presentan las mujeres. No reconocen que ellas llegan a denunciar porque pueden estar huyendo de violencias y porque están protegiendo a sus hijos.

El resultado es muy perjudicial para los menores y las madres”, sostiene Sayuri Herrera, quien hasta hace unas semanas estaba al frente de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Género y Atención a Víctimas y fue nombrada en el gobierno federal directora de acceso a la justicia de la Secretaría de las Mujeres.

En estos casos –hay ejemplos recientes– no puede ser que la fiscalía les impute a ellas un delito. Esto tiene que ver con que a veces hay decisiones que no armonizan entre lo que decide un tribunal y lo que decide una fiscalía. O con la forma como se analiza la disputa por los hijos, la guarda y custodia, la patria potestad. O cuando los jueces se tardan demasiado y los casos terminan judicializándose en materia penal.

Resolver esto es uno de los retos más importantes, no solamente para una fiscalía, sino para todo el sistema de justicia porque involucra a muchas materias: penal, civil, familiar, a autoridades del DIF, del Tribunal y de la Fiscalía. Se tiene que resolver desde esa complejidad.

La abogada Herrera está convencida de que se pueden abrir las puertas de la justicia cuando, a partir de casos paradigmáticos, como el de Lesvy Berlín Osorio, víctima de feminicidio en 2017, o el de María Fernanda Turrent, víctima de violencia vicaria, apenas este mes, se pueden detonar casos de renovación, innovación, reflexión y reconstrucción de las instituciones. Ese es el reto, concluye al resumir los pendientes que, desde su perspectiva, tienen a futuro las fiscalías de género.

Recuerda que ahora se cuenta con nuevas herramientas para abordar y resolver mejor estos delitos. Cuando estuve en la coordinación de género el año pasado, se actualizaron tipos penales que fueron reformados desde el Congreso de la Ciudad: violencia vicaria, transfeminicidio y feminicidio. Estas nuevas definiciones se trabajaron muy en coordinación con la ex diputada Ana Francis Mor, que era de la Comisión de Género. Insistíamos mucho: trabajen con la fiscalía, porque ha llegado a suceder que se aprueban cosas que no funcionan y no permiten resolver los problemas.

Además, en la Fiscalía de Violencia Familiar se creó la unidad de violencia vicaria, trabajando con el nuevo tipo penal para la Ciudad de México que se aprobó el año pasado, junto con transfeminicidio, una categoría aparte que reconoce las agresiones contra personas transgénero, y feminicidio. En estos casos se capacitó al personal con la especialidad de investigación, identificación de restos de mujeres y elaboración de protocolos específicos.

Destaca que con el nuevo tipo penal para la violencia vicaria se logró por fin sacar el tema de la nota roja, del ámbito de lo particular y personal, lo que pasa entre cuatro paredes para considerarlo por fin como un asunto de interés público y social”.

Nuevas herramientas

Además, se instaló un software en toda la fiscalía para el tamizaje de riesgo, que permite detectar situaciones de alerta de feminicidio. Cualquier Ministerio Público que inicie una investigación puede aplicar esa valoración para saber si la víctima tiene riesgo crítico de llegar a una tentativa o un feminicidio. Eso se puede medir de distintas formas, por ejemplo, a partir de si fue amenazada de muerte, con arma blanca o de fuego, si la pareja es un policía, si intentó asfixiarla o si tiene otras carpetas iniciadas.

Otro logro fue incorporar los recursos de inteligencia, acceso y análisis de telefonía y georreferencia, revisión de cámaras, que antes sólo se utilizaban para delitos de alto impacto en casos de feminicidios. Todo esto nos permitió ubicar y ejecutar órdenes de aprehensión contra muchos perpetradores”. En los últimos cinco años, en los que se logró frenar el alto índice de impunidad, se pudo vincular a proceso y detener a más de 600 responsables de feminicidios.

Otra forma de proceder para abatir la impunidad es la revisión de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm). Sirve de mucho. Al hacerlo, encontramos ahí recomendaciones de unos 20 casos de feminicidio en los que la Cdhcm detectó malas prácticas y fallas en la debida diligencia; 17 de éstos estaban mal investigados y se pudieron retomar.