No ha habido Presidencia que en el más reciente siglo no haya enfrentado algún conflicto serio en el terreno de la educación. Y no se trata de una maldición. Luego de la Revolución Mexicana, las dirigencias gubernamentales se apresuraron a impulsar una profunda y radical reforma agraria e, igualmente, otra laboral, y a sujetarlas luego con una pesada estructura corporativa. 

Pero el caso de la educación fue distinto, aunque al comienzo (1920-1930) abiertamente se impulsó a las y los maestros a construir una reforma educativa que retomara los ideales de justicia de la revolución, muy pronto (1940) retrocedió ante las fuerzas del conocimiento e iniciativas que había desatado, y optó por reprimir y sujetar corporativamente, sin la reforma educativa de fondo. Estudiantes y maestros insistieron –y siguen insistiendo con sus movimientos– en crear una educación distinta a la que se les impuso como herencia del porfiriato. 

Por eso, la tensión permanente entre el Estado y el proyecto de educación y sus actores originales. Esta tensión se ve dramáticamente agudizada cuando hay iniciativas gubernamentales (hoy, las modificaciones a la Ley del Issste) que ponen sobre la mesa y reactivan un pasado de imposiciones: la individualización de las pensiones, la negación de la bilateralidad, las formas engañosas de pago (Umas), los órganos de supervisión autoritaria (Usicam) y la represión laboral. 

Un paquete molesto, inserto en la vida cotidiana de la maestra o maestro y que se exacerba más por el estrecho y autoritario confinamiento de la concepción decimonónica de educación. Esto explica una parte importante de la amplitud y rapidez con que se genera y fortalece el movimiento, con la activa participación de la CNTE, una rebelión de conciencias, un movimiento magisterial que amenaza, si no ahora, pronto, con ser nacional y profundo.

En este contexto, surge en la Ciudad de México como muy importante el tema del acceso al bachillerato. Acaba de publicarse la convocatoria a la educación media superior en la zona metropolitana, que sirve de antecedente de una nueva Ley de Educación Media Superior, que también planteará cuestiones laborales para las y los docentes de ese nivel.

Esa convocatoria ya anticipa cambios importantes en el acceso a dicho nivel educativo. De hecho, por primera vez se habla oficialmente y nada menos que desde la Presidencia de la República de conceptos hasta ayer sumariamente condenados y rechazados como manifestaciones atroces de un populismo que atentaba de raíz contra la calidad de la educación. 

Así, en la ya publicada convocatoria oficial para el ingreso al bachillerato, desaparecen el Ceneval y otros exámenes estandarizados de ingreso, aunque no en el caso de la UNAM y el IPN. Además, se da plena legitimidad al hasta ahora vilipendiado sorteo como método justo para definir quién ingresa a opciones saturadas en el caso de bachilleratos y escuelas técnicas. 

También se establece otra novedad, la cuota de género, es decir, que debe admitirse a un porcentaje mínimo de mujeres (y debería hacerse lo mismo para las clases populares), se asume que el trámite será gratuito y se retoma algo que hace décadas proponía el Movimiento de Excluidos, el pase automático del bachillerato a la universidad (como el que ahora promete la UAM a los egresados del Colbach). Y, evidentemente, podemos válidamente pensar que el Poder Ejecutivo propondrá estas políticas como parte de la Ley de Educación Media Superior. 

Un problema serio, sin embargo, es que la SEP exente a la UNAM y al IPN de participar en varios de los criterios (seguirán, por ejemplo, aplicando examen por su cuenta). Pero no hay fundamento para la exención. Se dice que serán exentos porque “por reglamento tienen que hacer un examen”. Pero esto no es cercano a la verdad, también bachilleratos como el CETI deben aplicar un examen: “haber presentado el o los exámenes de admisión establecidos por el CETI”, dice el Reglamento CETI de Estudiantes de Educación Superior, art. 12). 

O sea que no hay tal impedimento normativo, tal vez es sólo la defensa de un espacio de privilegio –“nosotros sólo admitimos a los mejores”– que ya no cabe en un contexto nacional de búsqueda de no discriminación, democracia e igualdad. Y el IPN no es autónomo.

Finalmente, lo que es válido para las y los jóvenes del centro del país, lo es para todos-todas en la República. De nuevo, es un principio básico de trato igual que no puede negarse a otros aspirantes del país. Todo esto puede ser tema de un amplio debate nacional entre profesores y estudiantes sobre cómo impulsar el derecho a la educación. Y, si se quiere, este momento de tensión en la educación básica y media superior, puede traducirse en un cambio significativo en ambos niveles. 

* UAM-X