En la Fiscalía de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (Fidcanna), que hasta hace un mes estuvo al mando de Miguel Ángel Barrera, están pendientes de resolución 12 mil carpetas por crímenes sexuales contra menores. De éstas, son muy pocos los casos que se han vinculado a proceso. El rezago es muy grande, reconoce la penalista Sayuri Herrera Román, quien hasta el 15 de febrero estuvo al frente de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Esta cifra –12 mil niños de la ciudad que han sufrido y denunciado agresión sexual– fue sólo uno de los amargos hallazgos que salieron a la luz cuando Herrera Román ordenó que en las siete fiscalías especializadas que estuvieron a su cargo se aplicaran métodos de análisis y reubicación de carpetas.

Luego de cinco años en la FGJ capitalina, salió el 15 de febrero para integrarse a la Secretaría de la Mujer federal. Entre uno y otro cargo, comparte con La Jornada parte de lo que se encontró luego del reordenamiento y revisión de casos.

Por ejemplo, quedó al descubierto, luego de volver a estudiar expediente por expediente en la fiscalía de delitos sexuales, que cada semana entre 40 y 50 mujeres denuncian haber sido víctimas de agresión sexual. Es decir, 200 mujeres son violadas cada mes en la ciudad. Esa dependencia recibe entre mil 200 y mil 600 denuncias cada semana.

Con el personal limitado y la enorme carga de trabajo que tenemos, hay que ser estratégicos, priorizar. La violación es el delito más grave, después del feminicidio, que nosotros atendemos.

Y otro dato más: En la fiscalía de violencia familiar se desahogan a la fecha 40 mil carpetas de investigación. Hasta hace poco, no se segregaban las denuncias de mujeres por agresiones de sus parejas. En muchos de estos casos, haciendo el tamizaje adecuado, se pueden detectar los riesgos o la tentativa de feminicidio. Este cúmulo de violencias contra la población femenina son, expresa la penalista, reflejo del sistema patriarcal.

¿Cómo denuncian los niños?

Cuando llegó a la coordinación de delitos de género, la penalista se percató de que la violencia sexual contra menores es invisibilizada y no había sido dimensionada ni siquiera por las autoridades.

La mayor parte de estas denuncias se atendía en la fiscalía especializada de violencia familiar, que tiene una carga de 40 mil carpetas de investigación, cerca de 600 por semana. “Simplemente no se puede resolver tanto. Tocaba entonces priorizar. Ordené que se detectara entre ese cúmulo de carpetas las de agresiones sexuales contra niños para atenderlas de otra manera. No se pueden investigar del mismo modo delitos contra menores que contra adultos.

Los (agentes del) Ministerio Público (MP) empezaron a segmentar los delitos en agravio a niños y dar trato especial a los que tenían rasgos de agresión sexual. Empezaron a rascarle. Es un trabajo que se hizo a lo largo de todo el año pasado. Al principio calculé que iban a sacar entre 300 o 400. ¡No! Cuando se terminó de hacer ese trabajo, resultó que teníamos mas de 12 mil carpetas en más de cinco años.

Para procesar estos casos se creó en Fidcanna una agencia especializada en delitos sexuales contra niños y se asignaron más agentes del MP y policías. Se empezaron a aplicar los protocolos de la perspectiva de infancias, a capacitar a peritos y ministerios en la necesaria especialidad de entrevistas de investigación para menores, para que se pusieran en marcha con el estándar que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se asesoraron con la Oficina de Defensoría para las Infancias”.

–Y de esas 12 mil carpetas, ¿cuántos casos se han vinculado a proceso y resuelto?

–No tengo el dato, pero no son muchos, porque es una agencia que apenas empezó el año pasado. Estamos dando la capacitación especial que se requiere. También pensamos en la construcción de nuevos espacios para crear las condiciones óptimas para los chicos.

Es un trabajo bien delicado. Si se hace bien, con peritos especializados, en salitas diseñadas para eso, si se graba todo, se evita entrevistar al niño una y otra vez, que es revictimizarlo. Pero también puede servir para otro tipo de delitos, no sólo sexuales. Por ejemplo, para entrevistar a niñas y niños que han sido testigos del feminicidio de sus mamás.

Lo ilustra con el caso de Karen Itzel Rodríguez. Ella era estudiante de odontología en el Instituto Politécnico Nacional. Su pequeño hijo fue testigo de cómo la golpearon en su casa hasta matarla. Estuvo meses desaparecida hasta que encontraron su cuerpo sepultado en Tláhuac. El niño se quedó en poder del agresor, José Luis Galicia Palomares, y su abuela paterna, Martha Beatriz, cómplice del feminicidio. Tardamos en recuperarlo y prepararlo para tomarle su declaración.

En casos así no es que el niño llegue y diga lo que pasó. Pasan meses, con la terapia adecuada, para que puedan contar lo que ocurrió. Así supimos que el autor fue el papá del niño y que la mamá del agresor lo auxilió. Finalmente, la abuela materna recuperó al niño y se detuvo al feminicida, condenado a 105 años de prisión. El testimonio del niño fue fundamental.

La FGJ en vilo

Al no ser ratificada como fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy dejó el cargo en enero de 2024. Y en opinión de Herrera Román, con la salida de Godoy todo quedó en vilo. Ya no pudimos consolidar muchos proyectos, como el de Fidcanna. Y esto viene a cuento porque poco después se dan los casos de Regina Seemann, Maha Schekaiban y María Fernanda Turrent, por sólo mencionar algunos.

Han sido los casos mas mediáticos de violencia vicaria en el año reciente. Son tres madres que denunciaron a sus esposos, influyentes políticos y empresarios, por violencia vicaria y, en el caso de Regina, también por agresión sexual. Los hombres las demandaron a ellas. En represalia, con conocimiento del ex fiscal encargado Ulises Lara, las carpetas de las mujeres fueron congeladas, mientras con las de los influyentes cónyuges se procedió aceleradamente. Los jueces de lo familiar han dado la razón a los padres, haciendo a un lado las evidencias presentadas por las esposas.

Incluso se llegó a detener a una de las madres, Turrent, quien por poner a salvo a sus hijos de los arranques de violencia del padre, Édgar González Pedrero, se los llevó a Veracruz. Dos días después fue liberada, pero salieron a la luz las irregularidades, la actuación del ex fiscal para menores y la corrupción de los funcionarios. Son 10 niños que quedaron en medio de las disputas penales.

Ya fuera de la FGJ, Herrera Román no es del todo pesimista: “En el plan de trabajo de la nueva fiscal, Bertha Alcalde, se retoman la entrevista investigativa especial y el acondicionamiento de las salitas de audiencia y entrevistas para menores. Con estos métodos, con el equipo suficiente para videograbación –que todavía no tenemos–, va a haber blindaje contra las malas prácticas, las interferencias parentales, la desacreditación de la palabra del niño y los actos de corrupción”.

–¿Qué significó la destitución del titular del Fidcanna, Miguel Ángel Barrera, en medio del escándalo generado por la detención de una víctima de violencia vicaria?

–Yo pedí su renuncia. Eso cimbró a toda la coordinación. Pero creo que la sacudida abre una oportunidad, porque entre el personal de esa y otras fiscalías hay mucha resistencia a los cambios. Devela cómo todavía se investiga sin tomar en cuenta el contexto de violencia vicaria en las familias, sin aplicar los protocolos de la entrevista de investigación, sin tomar en cuenta que muchas veces las madres pueden estar sufriendo violencia y su último recurso es proteger a sus hijos. Y no puede seguir siendo que la fiscalía les impute a ellas un delito que tiene su origen en la forma como los tribunales y el MP dirimen las disputas por los hijos, los conflictos por la guardia y custodia, la patria potestad. Esto atañe también a los jueces de lo familiar.