Creo firmemente que el episodio gubernamental “Sinaloa”, realizado durante el mes de febrero está siendo un triunfo. Es más impresionante en los aciertos jurídico-penales que en la contención de migrantes. Pero es una verdad indiscutible que por la magnitud de los medios operativos empeñados es insostenible a largo plazo; sin embargo, cumplirá con su propósito de tranquilizar a Donald Trump. 

Quizá en su diseño no se tomó en cuenta que, no obstante el buen resultado, éste corresponde sólo transitoriamente al compromiso con Trump y no a un propósito final. 

Como dirían algunos: “se ganó una batalla más no la guerra”. Ese triunfo final estaría tan lejos que es válido afirmar que por donde vamos nunca se alcanzará. Como se ha demostrado durante 50 años, la sola acción policiaca-militar nunca será suficiente. 

La pandemia de la droga, por darle un nombre, es tan multifacética que abarca todo lo imaginable. Afecta a todo individuo, comunidad, estado, región geográfica, país, actividad humana y concepto universal de futuro. Tal carácter hace que sea correcto pensar que sólo se le sometería con el esfuerzo universal de toda la humanidad. ¿Esto es realizable? 

Aunque falta poner a prueba las opciones al prohibicionismo, las evidencias de las que disponemos hasta la fecha demuestran que la despenalización de la producción, posesión, comercio y consumo de ciertas drogas no conduce a mayores índices de consumo. Véase Uruguay, Holanda o Portugal. 

Vale confirmar que en los países en los que se han despenalizado las drogas se han observado efectos beneficiosos sobre la salud, la seguridad pública y sobre los derechos humanos. 

En México los esfuerzos de más de 50 años que se cuentan desde aquel decir nixoniano de declarar la guerra a las drogas por ser “el enemigo público número uno” (18 junio de 1971), inevitablemente han fracasado. Es momento de cambiar. 

Hoy se produce, trafica, consume y muere más gente por ella que nunca. Es entonces una urgencia universal y radical cambiar de perspectiva. La actual fue un error global, vayamos por su control. 

El cambio está en reducir las expectativas maximalistas de extinguir todo mal que provoque cualquiera sustancia, haciendo razonable mucho de lo que hoy se juzga como anatema en materia de consumo, producción y comercio de ella. 

Hace muchos años, organismos internacionales en los que México tiene presencia, como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, han rechazado la aproximación sólo belicista al tema y consecuentemente decidieron adoptar un concepto más realista, o sea una cierta permisividad. 

Desde 1988 nuestro país decidió asumir oficialmente como compromiso central el actuar por la salud de su pueblo, impulsar el respeto a la ley y comprometerse con la cooperación internacional. Así creó el Programa Nacional para el Control de Drogas. 

Reprobar toda aproximación al sólo prohibicionismo es un acto ineludible. Reconocer lo estéril de la lucha contra las drogas ahorraría enormes males.  Aceptar que destruir con machetes plantíos de mariguana y amapola es ya una amarga caricatura, tanto como es el no admitir que el alcohol es más perjudicial que la cocaína. 

Esas caricaturas son una revelación del drama de los 50 años que hemos luchado inútilmente. Dificultan esas acciones ciertos dogmas hasta hoy inamovibles, como se ejemplifica en seguida: 

1) La corrupción se combate a fondo y no es así; 2) que no hay impunidad política y legal y ella es evidente; 3) la ley no se negocia y sí se hace; 4) es un yerro punible que la autoridad se comunique con el crimen; 5) el sistema bancario decide ser ciego cuando traslada libremente de Culiacán o Londres increíbles sumas de dinero, y 6) el mercado legal de armas de EU sigue operando. 

La actual lucha contra las drogas, como se puede ver, está plagada de obstáculos. Unos son resultado de leyes bien pensadas, indiscutibles, pero abundan aquellas emitidas más en su efecto político que real. 

Aunque aún falta poner a prueba las alternativas a las actuales políticas prohibicionistas, las evidencias de las que disponemos hasta la fecha demuestran que la despenalización del consumo, la posesión y el cultivo de drogas para uso personal no conduce a mayores índices de consumo si va acompañada de una ampliación de los servicios de salud y sociales. 

En otros lugares se está abandonando la prohibición de las drogas en favor de su control, una mejor regulación de éstas dentro de los mercados legales, basándose en la premisa de que, si las autoridades consiguen controlar los mercados ilegales, será posible proteger mejor la salud pública y los derechos humanos. 

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