Cuando se acerca un 8 de marzo, las feministas cubren las calles con pintas que claman: México feminicida. Este es un país donde el sistema de justicia no esclarece ni sanciona un alto porcentaje de estos delitos. Ejemplo de ese rezago: en esta capital, en 2019 se denunciaron 72 feminicidios. Se vinculó a proceso sólo a 38 responsables, poco más de la mitad.

En 2020 –en plena pandemia– la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy puso en marcha un nuevo modelo para abordar estos crímenes atroces: la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Por decisión de varios colectivos de feministas y defensoras de derechos humanos, la abogada Sayuri Herrera Román concursó por la plaza y pasó las evaluaciones, los exámenes, los filtros de confianza y hasta el polígrafo, y ganó. Entonces tenía 38 años.

A partir de la construcción de esta nueva fiscalía especializada, el esquema de impunidad se revirtió. En 2020 se denunciaron 78 homicidios en razón de género; se judicializaron 78. En 2022, con 75 casos, el número de vinculaciones se duplicó. En 2023 se triplicó, y en 2024 hubo en total 628 carpetas vinculadas a proceso, sumando los 385 feminicidios cometidos en el anterior lustro y muchos casos rezagados de años pasados, carpetas olvidadas o perdidas, otras archivadas como suicidios, accidentes o sin ejercicio de la acción penal.

–¿Esto quiere decir que más de 600 feminicidas fueron encontrados culpables y procesados estos cinco años?

–Sí, y encarcelados –responde la abogada Herrera, que en 2023 fue ascendida a la Coordinación General de Investigación de Género y amplió su radio de acción a delitos sexuales y contra las infancias, violencia familiar y vicaria, adolescentes, trata, desaparición forzada y grupos de atención prioritaria en siete fiscalías bajo su mando.

Apenas hace unos días dejó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para asumir la dirección de acceso a la justicia de la Secretaría de la Mujer.

Menuda, prácticamente salta de la gran camioneta que la transporta al lugar de la entrevista, rodeada de un fuerte esquema de seguridad. Vive con riesgo. A su paso por la FGJ capitalina afecté intereses y topé con la corrupción, explica.

El pasado 14 de febrero salió por última vez el edificio que albergó su oficina, en la calle Digna Ochoa. Afuera la esperaba una pequeña manifestación con muchas flores y gratitud, integrada por decenas de madres de muchachas asesinadas que encontraron en la nueva fiscalía escucha y justicia. Algo poco usual.

–En 2024, cerca 700 mujeres fueron víctimas de feminicidio a escala nacional, 58 cada mes, casi dos cada día. De ese tamaño es el reto. ¿Cómo afrontarlo?

–El reto no es sólo contarlos. Lo importante es que las fiscalías de todos los estados digan cuántos casos están vinculados a proceso, cuál es el nivel de impunidad. En la ciudad de México, por ejemplo, el año pasado se reportaron 68 feminicidios. Se judicializaron 70 por ciento y la mayoría con orden de aprehensión. No estamos dejando que se rezaguen los casos.

Si escuchas a las víctimas no te vas a equivocar

Herrera Román viene de la lucha social y de derechos humanos y tiene experiencia litigando casos de homicidios de mujeres a su paso por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En la huelga de la UNAM de 1999 fue aguerrida representante de la Preparatoria 8. En 2014 trabajaba en el Comité Fray Francisco de Vittoria cuando le propusieron representar legalmente a Marisa Mendoza, esposa de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes asesinados en la noche de Iguala (2014), cuando fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. A ese muchacho le desollaron el rostro y lo torturaron brutalmente. Ante sus dudas, su jefe, fray Miguel Concha, la animó: Si escuchas a las víctimas, no te vas a equivocar.

El día en que se despidió de sus compañeros de la FGJ se acordó de lo que le dijo el padre Concha 10 años antes. Les dije a mis compañeras: nunca dejen de escuchar y proteger a las madres. Si las protegen, ellas las van a proteger a ustedes.

Todos esperaban que fallara

Tenía 38 años cuando empezó a construir la nueva fiscalía con dos mesitas instaladas en un pasillo, hace cinco años. Sólo me permitieron contratar dos plazas, placitas, con salarios muy precarios. Y se jaló a Brenda Bazán, quien desde su precario escritorio del Ministerio Público (MP) en el estado de México hizo historia al lograr jurisprudencia en el emblemático caso de Mariana Lima, joven asesinada en 2010 por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, policía judicial mexiquense que había fingido un suicidio. La SCJN ordenó que el caso se investigara con perspectiva de género. Eso hizo Brenda y logró una sentencia de 70 años para el feminicida. Ella es ahora la nueva fiscal anti-feminicidios.

En los primeros meses de trabajo, la joven fiscal no tenía ni oficina. “Pedí que me entregaran los archivos y las estadísticas y me respondieron que no había nada, que la computadora se había quemado. No tenía información ni del personal a mi cargo ni de las carpetas de investigación. Lo que sí tenía era la animadversión declarada de todos los (agentes del) MP. Tenían la instrucción de boicotearme. Ahora, ya en confianza, me cuentan: ‘Nos advirtieron que no te apoyáramos’. Todos esperaban que fallara”.

Para atender todos los asesinatos de mujeres en la ciudad contaba con dos agentes de MP y 15 policías de investigación, acostumbrados a trabajar de nueve a cinco de la tarde. Sólo este dato explica la impunidad. Era un equipo que se sabía sin respaldo institucional, que no aplicaba el protocolo para feminicidios. Lo primero que me toca organizar es algo tan básico como que la fiscalía funcione las 24 horas del día los siete días de la semana.

Ahora la fiscalía especializada cuenta con 15 agentes del MP y un equipo de 40 policías de investigación capacitados, encabezados por el comandante Gustavo Casillas, que no deja que se le vaya un feminicida de las manos. Me voy a aferrar, jefa, no se preocupe, dice cada vez que inicia una pesquisa.

Disfrazados de suicidios o accidentes

Empezaron organizando la estadística, hablando con cada alcaldía para que enviara todas las carpetas de muertes violentas de mujeres y reiniciando la averiguación.

Para validar como homicidios con razón de género tuvimos que analizar casi mil 500 carpetas de investigación rezagadas. Están además las tentativas. La intención era detectar suicidios y accidentes simulados. Cita como ejemplo el caso de Mary Chuy Jaimes Zamudio, estudiante de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, arrojada desde el balcón de su cuarto en un quinto piso. Un compañero, Iván Ruiz, y su profesor Gabriel Galván estaban en su habitación. Inicialmente la fiscalía determinó que fue un suicidio. Seis años después se reclasificó como feminicidio y se dictaron órdenes de aprehensión contra los dos hombres. Galván está preso y en proceso de instrucción.

De accidentes simulados menciona el último que logró cerrar al llevar a prisión a un individuo que cometió feminicidio en 2019, el de la maestra de María Elena Jarquín, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Su muerte se procesó como accidente. Revisamos todo y vimos que las lesiones que ella presentó en el cráneo y que causaron su muerte en modo alguno correspondían con una caída de las escaleras por el ángulo, la profundidad, la profusión de sangre, una serie de detalles que inicialmente habían tenido los peritos a la vista, pero que no analizaron con perspectiva de género. El feminicida, Francisco Fernando Giner de los Ríos, ni se la esperaba, porque tenía cinco años de impunidad. Fue detenido el 22 de enero.

Como fiscal nunca permaneció en su escritorio. Salí a cateos, a inspecciones, levantamientos, exhumaciones. Se aprende mucho con el trato directo con las víctimas. Puedo presumir que la fiscalía de feminicidios es hoy una maquinaria aceitada, un modelo.