Ciudad de México. Después de más de tres décadas de abandono, a causa de la tendencia privatizadora de 1992, una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 será impulsar una reforma al artículo 27 de la Constitución, a fin de devolver a los ejidos y comunidades agrarias el potencial de desarrollo en nuestro país y garantizar la propiedad social de la tierra, aseveró el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera.
Puntualizó que actualmente 32 mil 500 ejidos y comunidades siguen teniendo en sus manos la mitad del territorio nacional, es decir alrededor 100 millones de hectáreas que concentran el 75 por ciento de los recursos naturales estratégicos del país, como fuentes hidrológicas y una rica diversidad biológica.
Al dar a conocer los resultados del foro de consulta: “Los ejidos y comunidades agrarias en el segundo piso de la cuarta transformación”, el procurador agrario señaló que en ese periodo más de 4 millones de hectáreas fueron privatizadas en forma legal, y se trata de tierras de la mejor calidad agrícola, con ubicación en playas, en zonas turísticas y en áreas de desarrollo urbano, que generaron “todo un proceso de especulación desbordada”.
Lo anterior fue posible debido a que, a razón de la privatización del campo impulsada desde 1992, las instituciones del sector “se impregnaron de corrupción” y se generaron “mafias agrarias” en diversos estados del país, que con ex funcionarios de la PA y del Registro Agrario Nacional “se dedicaron a promover la especulación y la privatización en complicidad con ex gobernadores”.
Ante esta situación, Suárez Carrera señaló que al interior de la PA se están realizando procesos de investigación y documentando expedientes de ex funcionarios involucrados en este tipo de actos, que derivarán en sanciones administrativas. Además, se está realizando un proceso de depuración que implicó la destitución de “todos los titulares” de la procuraduría de la administración pasada.
Para reforzar estas acciones, abundó, el pasado 12 de febrero se publicó una nueva directriz normativa en la que se establecen procedimientos centralizados para las decisiones vinculadas a las asambleas de modalidades especiales, que son las que se vinculan a la privatización, para “cerrar el paso a la discrecionalidad, las presiones y la corrupción”.
El procurador agrario resaltó que con la reforma constitucional se pretende frenar el despojo, el engaño, la corrupción y la especulación, ya que muchas veces a través “del crimen organizado se obliga a los ejidos y comunidades a tomar decisiones en contra de sus propios intereses”.
Durante la conferencia de prensa, destacó que con el foro, por primera vez, se tomaron en cuenta las inquietudes de los sujetos agrarios, los ejidos y comunidades agrarias, quienes plantearon 450 propuestas y de las cuales 100 serán consideradas para la integración del PND.
Entre ellas también destacó que se busca el establecimiento de un régimen de incentivos fiscales específicos para ejidos y comunidades para promover las actividades económico-ambientales y movilizar productivamente sus recursos disponibles en los territorios. Ello con el propósito de generar empleo e ingresos locales y mitigar la migración del campo a la ciudad o a los Estados Unidos, subrayó.
