Ciudad de México. Dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa durante la gestión de Mario López Valdez (2011-2016) tendrán que pagar multas por casi 14.3 millones de pesos y 17.8 millones de pesos, pues su última carta legal que tenían en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue desechada este miércoles.
En sesión, la Segunda Sala del máximo tribunal del país dejó firmes las resoluciones administrativas que inhabilitaron del servicio público por tres y diez años e impusieron multas millonarias a Clodomiro Espinoza García, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, y a Everardo Ayala López, exdirector de Política Tributaria del mismo estado.
En 2019, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Sentencia de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del estado dictó dichas resoluciones.
De acuerdo con el Listado de servidores públicos sancionados 2017, publicado en el sitio oficial de internet del Gobierno de Sinaloa, a Clodomiro se le impuso una inhabilitación por tres años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y una sanción económica por 14 millones 284 mil 277 pesos mexicanos, debido a que "omitió vigilar el estricto cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”.
Mientras, a Everardo se le inhabilitó por diez años y se le multó por 17 millones 855 mil 345 pesos porque “permitió el registro de incentivos de fiscalización concurrente y por actos de comercio exterior, omitiendo vigilar que diversos recursos públicos se asignaran correctamente a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa”.
Se expuso que dicha sanción se basó en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa entonces vigente. Primero, fue confirmada primero por la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa de ese Tribunal el 12 de septiembre de 2019, y luego por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa el 24 de marzo de 2022.
