Ciudad de México. La Cámara de Diputados avaló este miércoles la reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, mediante la cual se crea el llamado “derecho petrolero del bienestar”, que implica el cobro de un impuesto único de 30 por ciento a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la explotación de hidrocarburos y de 11 por ciento en el caso del gas.
Luego de más de cinco horas y media de debate, la iniciativa fue aprobada por 338 votos en favor, de Morena, PT, PVEM, y 127 en contra, de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Tras la aprobación de la enmienda en lo general, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, subió a tribuna para exponer una reserva para modificar la fracción 23 del artículo 3º de la mencionada norma, con una observación técnica cuyo propósito es calcular de mejor forma las aportaciones que deben obtenerse por la explotación del gas.
El legislador explicó que la llamada “condición base” –que consta de elementos como la presión y la temperatura, con los cuales se miden los volúmenes de petróleo y condensados--, se utiliza para determinar el valor contractual de ese hidrocarburo, pero no ocurre con el gas, lo que afecta los cálculos en el caso de ese combustible.
Por lo anterior, Sandoval propuso añadir en el texto de la reforma que “el valor contractual del gas natural es el resultado de multiplicar, en el periodo del que se trate, el precio contractual del gas natural, por el volumen en millones de BTU del gas natural, determinados a condición base en el punto de medición del área contractual”. 
No habrá daño a los ingresos petroleros: Morena
Para argumentar en pro del dictamen, Carol Antonio Altamirano (Morena) afirmó que éste “simplifica el régimen fiscal de Pemex, que pasa de pagar tres derechos a sólo uno, lo que facilita el cálculo y cobro de las aportaciones” de la empresa pública, y derivará en ahorros administrativos y otorgamiento de mayor certidumbre sobre esa recaudación.
Según el legislador, la propuesta “tiene un efecto neutro, sin causar una afectación financiera”, de tal manera que “los ingresos del gobierno federal de origen petrolero se mantendrán en un rango similar, de entre 3 al 5 por ciento de los ingresos totales del sector público presupuestario. En 2024 estos ingresos fueron de 202 mil 500 millones de pesos, fundamentalmente derivados del Fondo Mexicano del Petróleo, y que en 2025 se estima serán de 279 mil 700 millones”.
Además, dijo Carol, “se establece que el Fondo Mexicano del Petróleo se responsabilizará del pago a contratistas, al cubrir las contraprestaciones a quienes participen en esquemas de inversión con Pemex, lo cual es un elemento que otorga mayor certeza económica a los trabajadores y a toda la población que se beneficia por la derrama local de la inversión petrolera”.
La también morenista Dolores Padierna explicó que, a través del llamado derecho de utilidad compartida, Pemex llegó a pagar hasta 65 por ciento de impuestos en 2019, cifra que fue bajando a partir de 2020 hasta llegar a 30 por ciento, como está vigente hoy.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que con la iniciativa no sólo se unifican tres derechos en uno solo, sino también se exenta del pago del Impuesto sobre la Renta a Pemex y se elimina la obligación de instalar sistemas de medición de volúmenes extraídos por pozo, “porque nunca ha sido posible”.
Según la legisladora, el “derecho petrolero del bienestar” tiene un “factor flexible” mediante el cual puede bajar el monto fiscal que paga la empresa pública cuando baje el precio del barril de petróleo, y si sube éste último, al igual que el de impuestos a pagar, “pero ligeramente”, de tal manera que siempre ronde 30 por ciento en petróleo y 11 por ciento para el gas.
Exenciones fiscales… producción a la baja: PAN

En sentido contrario, Héctor Saúl Téllez (PAN) alertó que la aprobación de la enmienda tendría un fuerte impacto en la hacienda pública, pues dejará de percibir unos 50 mil millones de pesos, y por ende habrá menos recursos para salud, educación y seguridad, además de que se dejarán de nutrir los fondos de estabilidad de los ingresos presupuestarios, de hidrocarburos y de las entidades federativas.
El legislador del blanquiazul resaltó que, debido a esta política de apoyo fiscal, en los seis años recientes Pemex ha dejado de aportar unos 267 mil millones de pesos al erario.
Lo anterior, dijo, se suma a las pérdidas que ha tenido por 1.3 billones de pesos en ese mismo periodo, y a las deudas por 400 mil millones con proveedores.
Para Téllez, “la reducción de la carga fiscal de Pemex implicará una disminución inmediata en los ingresos públicos, es decir, indefectiblemente se generará un déficit fiscal que se habrá de compensar con otras fuentes de ingreso o con recortes al gasto público”.
De su lado, Emilio Suárez Licona (PRI) indicó que “desde 2019, las transferencias del gobierno a Pemex suman ya más de 824 mil millones de pesos y, como si fuera poco, 1 de cada 5 pesos de la deuda autorizada para 2025 se irán a Petróleos Mexicanos”.
El legislador alertó que, al mismo tiempo que Pemex deja de aportar a las arcas públicas, cada vez se ha reducido más su producción, como lo demuestra el hecho de que este índice bajó 6.2 por ciento tan sólo el año pasado.
El priísta Hugo Eduardo Gutiérrez advirtió que, aunque la propuesta de reducir el derecho petrolero al 30 por ciento “parece un alivio fiscal para Pemex, detrás de esa fachada hay grietas que no podemos ignorar. Se proyectó una producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios y apenas alcanzamos el 1.3. ¿Cuál será el plan para cerrar esta enorme diferencia y la correspondiente pérdida del ingreso?”
Luego de cuestionar si ya se han cuantificado las pérdidas al erario que implicará la reducción de la carga fiscal a Pemex, el diputado insistió en que la baja en los niveles de producción de petróleo es un problema “que refleja el agotamiento y la declinación de nuestros pozos”, lo cual puede agravarse por la falta de mantenimiento y el mal estado del equipo de la empresa pública.