Cancún, QR. La secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres, informó que el gobierno estatal emprenderá nuevas acciones jurídicas en contra de la concesionaria de agua potable Aguakán, por incumplimiento de contrato, irregularidades en la ampliación de su concesión, y que el agua supuestamente potable que la empresa entrega a domicilios tiene partículas contaminantes en cantidades muy superiores a los parámetros legalmente permitidos, que atentan contra la salud de la población.

Agregó que asimismo, la empresa inyecta al manto freático con sus procesos agua que contiene bacteria E. coli y coliformes fecales que causan daños irreversibles al medio ambiente.

Por su parte, en un comunicado que la concesionaria publicó en su página oficial, Aguakán reclamó padecer “hostigamiento jurídico” por parte del gobierno estatal.

La firma Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan acusó que, como parte de la ofensiva legal implementada en su contra, sus directivos y consejeros, el gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal en relación con hechos ocurridos hace más de una década.

En conferencia de prensa, en la cual no aceptó preguntas de los medios de comunicación, Cristina Torres leyó un posicionamiento del gobierno estatal sobre el litigio que se lleva a cabo contra el consorcio.

Detalló que el hartazgo social acumulado por muchos años, sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, entrega de líquido por tandeo, falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como cobro de pipas de agua necesarias por usuarios por mal suministro del fluido, entre otras irregularidades, propiciaron rechazo e irritación social. Destacó que incluso, en una consulta popular realizada hace unos años, la mayoría de los ciudadanos participantes se pronunciaron por terminar con la concesión.

Explicó que con el objetivo de velar por la efectiva y legal implementación de la concesión, así como su terminación, se realizaron auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, lo mismo que a la operación de la concesión, análisis de muestras de agua, y visitas a las plantas de tratamiento de líquidos residuales, lo cual permitió detectar diversas irregularidades y la presentación de las denuncias correspondientes.

La funcionaria expuso que las denuncias presentadas por la administración que encabeza la gobernadora María Hermelinda Mara Lezama tuvieron como fundamento que la concesión otorgada a Aguakán en la década de 1990 se prorrogó ilícitamente en 2014 hasta el año 2053, y ampliada a un municipio adicional, Solidaridad.

Apuntó que derivado de lo anterior, el gobierno del estado presentó el 16 de mayo de 2024 una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de DHC.

Agregó que un juez federal determinó que existen datos de prueba que demostrarían el delito de promoción de conductas ilícitas, pues el 5 de diciembre de 2014, directivos de DHC gestionaron la prórroga de la concesión por 30 años a cambio de mil 055 millones de pesos, toda vez que el gobierno del estado no tenía facultades para obligarse a gestionar la ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los municipios y al Congreso local.

Afirmó que como resultado de la gestión irregular, sin seguir los procedimientos de ley, DHC continuó generando ganancias multimillonarias sin mejorar la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Según Torres, derivado de estos hechos un juez federal emitió órdenes de aprehensión en contra de directivos de Aguakán, al hallar elementos suficientes para perseguir los presuntos delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.

En lo que respecta a los temas de salud y afectación al medio ambiente de los quintanarroenses, que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Agua Potable (CAPA) estatal, así como epidemiólogos del IMSS-Bienestar, de la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de líquido residual operadas DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves.

Detalló que se detectó en el agua considerada potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos.

En relación con las aguas residuales, mencionó que se detectaron elementos que superan los límites permisibles por normas oficiales mexicanas al contener E. coli y coliformes fecales muy superiores a los niveles permitidos, que en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectadas al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente.

Cristina Torres agregó que de forma facciosa y parcial, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y del gobierno estatal; se señaló que la reunión se celebró a petición de la propia DHC y el gobierno del estado accedió a ésta, teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al público inversionista de Afores.

Este encuentro se efectuó estando presentes abogados de la administración estatal y asesores jurídicos municipales, encabezados por el director general de CAPA.

La funcionaria estatal aclaró que las acciones que el gobierno de Quintana Roo emprende no implican acoso ni acuerdo alguno.

Aseguró que la presencia de funcionarios en esa reunión respondió a la intención de salvaguardar inversiones en Afores, y los derechos laborales de los trabajadores.

Dijo que en el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de los trabajadores, pero la empresa ofreció al estado adquirir a Aguakán, a lo que categóricamente se les respondió que no, y que la concesión debía terminar.

Igualmente sostuvo que el actuar de la autoridad de ninguna manera constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por accionistas y administradores de DHC, quienes habrían desplegado conductas ilícitas para prórroga y ampliación de su concesión, y ofrecido a los quintanarroenses servicios deficientes.

Los actos realizados por el gobierno, incluidos la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal para que se investiguen a profundidad, pues no se encubrirá nunca conducta ilícita alguna, mencionó.

Cristina Torres estuvo acompañada en la conferencia de prensa por el consejero jurídico, Carlos Fuentes; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo, y el director general de CAPA, Hugo Garza.

Postura de la concesionaria

Por su parte, la concesionaria  Desarrollos Hidráulicos Cancún (CDH), Aguakán, afirmó que  la compañía estaría dispuesta a concluir su concesión de manera anticipada, siempre que este proceso se realice dentro del marco legal, transparente y con una indemnización justa, basada en la valuación del mercado.

Luego de que por la mañana la presidenta Claudia Sheimbaum se dijo en contra de la privatización de servicios públicos como el agua, que es un derecho humano, y la posterior conferencia de prensa en Quintana Roo, por parte de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, quien afirmó que hay nuevos procesos legales en contra de la concesionaria por incumplir el contrato, además de atentar contra la salud de los habitantes y del medio ambiente, la empresa emitió un comunicado de prensa.

Dijo que Aguakán, empresa comprometida con brindar servicios de calidad en agua potable y  alcantarillado a los habitantes de Quintana Roo,  desde sus inicios,  ha operado con apego a la ley, con un profundo sentido social y  con transparencia, beneficiando a la población de los municipios de Benito Juárez,  Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en los que hasta el 31 de diciembre de 2024, ha invertido  8 mil 865 millones de pesos en infraestructura, aportado 8 mil 736 millones de pesos en  contraprestaciones y derechos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pagado 5 mil  824 millones de pesos en impuestos federales. Estas contribuciones reflejan el compromiso  de la empresa con el desarrollo y bienestar de la región.

Recordó que en diciembre de 2014, se modificó el Título de Concesión de Aguakán, extendiendo su  vigencia e incorporando al municipio de Solidaridad. Este proceso contó con la aprobación  del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del Estado, el  cabildo de cada uno de los ayuntamientos, el Congreso local y el Ejecutivo estatal. La  modificación se realizó conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de garantizar la  viabilidad financiera y mejorar la cobertura de los servicios.

Destacó que en el capital social de Aguakan participan las Administradoras de Fondos  para el Retiro (Afores) Sura, Banamex, Principal y Pensionissste, así como el Fondo Nacional  de Infraestructura (Fonadin) de Banobras. Estas inversiones representan los ahorros de más  de 22.5 millones de trabajadores mexicanos. Transferir la concesión a otra empresa podría  afectar estos ahorros y el patrimonio de los trabajadores.

A través de un comunicado aclaró  que las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado no  son determinadas por Aguakan. Estas son establecidas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Las tarifas  son uniformes en los 11 municipios del estado, incluyendo los cuatro en los que opera  Aguakan (Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres) y aquellos  gestionados directamente por CAPA, destacando  que, en los  municipios donde operamos, ofrecemos un servicio de mayor calidad, atención y cobertura.

Por lo anterior reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el servicio de calidad en  beneficio de los habitantes de Quintana Roo, así como con la protección del patrimonio de  los trabajadores mexicanos invertido en la empresa, por lo que está dispuesta a  colaborar en la conclusión anticipada de la concesión, siempre que se respeten los marcos legales y se garantice un proceso justo y equitativo para todas las partes  involucradas.