Sin contar con sicólogos o siquiatras, ni con personal de salud capacitado, en la Ciudad de México proliferan centros de rehabilitación de adicciones, pues en su mayoría operan con el modelo de ayuda mutua, es decir, son dirigidos por personas que atravesaron por algún tratamiento, afirmó la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz.

En entrevista con este diario, indicó que a pesar de que desde 2022 está prohibido en la Ley General de Salud el internamiento involuntario, se mantiene esta práctica ilegal, aunque la evidencia científica y empírica ha demostrado que no sólo no funciona, sino que tiene efectos secundarios significativos en la salud mental de los internados.

Luego de confirmar que el anexo ubicado en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, operaba de manera irregular, destacó que es importante que se conozca que esta práctica puede ser considerada privación ilegal de la libertad y, por tanto, quien lo haga puede enfrentar problemas legales.

Indicó que tampoco está permitido el aislamiento de los pacientes como parte del tratamiento, es decir, que no se comunique con su familia; no se les puede obligar a ingerir medicamentos ni a realizar actividades que no conozcan o en las que no quieran participar, y deben contar con un expediente clínico como en cualquier otro servicio de salud.

Aquellos centros que están dispuestos a ir en contra de estos derechos es una señal de alerta roja que deben considerar las familias, pues pueden incumplir con cualquier otro elemento de la normatividad, expresó.

Ordorika Imaz aseguró que en lo que va de la actual administración –de octubre a la fecha– se han clausurado cinco centros y ocho más han sido suspendidos por irregularidades que van desde malos tratos a los usuarios, hacinamiento y falta de higiene, hasta medidas como la ausencia de programas de protección civil.

Detalló que en la actualidad, en la Ciudad de México se tienen autorizados 198 centros y 100 más están en proceso de registro, pero existe otro número indeterminado de estos establecimientos sin ningún permiso, que son difíciles de detectar porque cambian de ubicación y de nombre de manera constante, ya sea en la periferia o en la zona central.

Comentó que el registro de estos centros comenzó hace 10 años, pero muchos no están dispuestos a aceptarlo y otros reconocen su importancia para mejorar su calidad.

Adelantó que están preparando una campaña de comunicación para informar que existen alternativas públicas y gratuitas para la atención de las adicciones, y que en caso de decidir por algún centro privado, deben verificar que estén registrados ante el IAPA, y de recibir un mal servicio, hacer las denuncias correspondientes, pues también pueden cometer irregularidades.