Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que las instituciones públicas de salud están obligadas a ofrecer servicios integrales de calidad y seguros que garanticen a las mujeres y personas gestantes el derecho al aborto voluntario. 

El fallo se dio al resolver en sesión pública, por unanimidad de 10 votos, la contradicción de criterios 110/2024, entre tribunales colegiados de Sinaloa, Chihuahua y Puebla, en la que cuestionó si los estados están obligados a brindar el servicio para la interrupción del embarazo voluntario, una vez que la Corte despenalizó esta práctica en septiembre del 2021 al resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017 contra artículos del Código Penal de Coahuila. 

Al respecto, el ministro Alberto Pérez Dayán lamentó la postura del tribunal de Puebla que desconoció la jurisprudencia del 2021 de la Corte, que estableció la obligación del Estado entorno al aborto. 

“Debo recordar al tribunal colegiado (de Puebla) y a todos aquellos quienes pudieran seguir pensando así que las decisiones de esta Suprema Corte tratándose de derechos humanos no están circunscritas al ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción un tribunal colegiado. Los derechos humanos son universales y aplican para toda la nación mexicana”, dijo.

El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, señaló que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben tener acceso universal a servicios amplios de salud sexual y reproductiva, por lo que “es posible derivar obligaciones para implementar, difundir y organizar servicios de salud” para garantizar dicho derecho. 

“Es necesario prevenir riesgos asociados con abortos inseguros, garantizando acceso oportuno a servicios de aborto para preservar la salud. No basta con garantizar la libertad de decisión. Es fundamental contar con infraestructura médica adecuada, segura, accesible y de calidad”, dijo. 

La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó datos del Inegi, señalando que el promedio anual de muertes maternas relacionadas con aborto de 2002 a 2007 era de 89, mientras que en 2024 fue 47. 

“Es decir, el reconocimiento de los derechos o de este derecho a la interrupción del embarazo, sumado a la disponibilidad de los servicios de salud para ser los efectivos, han permitido que este dato, es decir, la muerte materna por esta causa, se haya reducido a mínimos históricos de menos de la mitad”, apuntó. 

En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat expuso no se puede soslayar el panorama actual sobre el aborto voluntario en el país, ya que por un lado la Corte establece la obligación administrativa de brindar este servicio de salud, por el otro subsiste la normativa penal en varios estados que considera esta conducta como delito. 

“Esta es una situación que en los últimos años me ha parecido extraña. Si el aborto no es penalizable y se mantiene en los códigos penales, existe una inseguridad jurídica que termina perjudicando a las mujeres más vulnerables, que pensando en llevar a cabo un aborto, pues es un delito, entonces esto las puede orillar a practicárselo escondidas, como ha sido durante décadas, con los riesgos de salud que conlleva”, expresó.