Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil junto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) sostuvieron que en el país hay 36.3 millones de niñas, niños y adolescentes, y pese a representar una parte importante de la población no han sido prioridad en la agenda pública y presupuestaria.

En conferencia de prensa, Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sipinna dijo que este sector “es indispensable para construir un futuro distinto” y aseguró que “si realmente queremos pacificar la país” se requiere “invertir en la infancia y atender a la adolescencia”.

Los integrantes de las agrupaciones y el Sipinna indicaron que por primer avez se propone la integración de un eje transversal dedicado a esta población en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

El propósito es garantizar que las niñas, niños y adolescentes en México sean una prioridad en la agenda nacional y asegurar que accedan y disfruten de todos sus derechos relacionados con la supervivencia, desarrollo, protección y participación, poniendo especial atención a niñez y adolescencia más vulnerable.

El evento fue el escenario para impulsar la agenda “República de y para la niñez y adolescencia”, un conjunto de acciones y propuestas para consolidar políticas públicas que garanticen el bienestar de cada niña, niño y adolescente como titulares de derechos, sin importar su origen, género, edad o identidad de género.

Dirk Glas, titular de Save the Children México expuso que es indispensable que la niñez y adolescencia se reflejen como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también que, en los trabajos que se estarán realizando para los planes sectoriales, programas especiales, estrategias nacionales y presupuesto público, el interés superior de la niñez quede claramente plasmado, como lo mandata la Constitución.

Georgina Ibáñez Velasco, directora de la Fundación UNNIDO dijo que las niñas, niños y adolescentes representan casi el 30 porciento de la población, pero aún no el 30 por ciento de las prioridades en la agenda pública ni presupuestaria. “Esto debe mejorar. Asegurar su bienestar no es solo un imperativo ético, sino una responsabilidad del Estado y un compromiso de la sociedad civil.”

Algunas propuestas presentadas por la sociedad civil incluyen una política nacional, intersectorial, inclusiva y atenta a las particularidades de cada etapa del ciclo de vida (primera infancia, niñez y adolescencia). También, la protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes vulnerables o en riesgo, es decir, con discapacidad, con familiares privados de la libertad, indígenas, afrodescendientes, migrantes o desplazados forzados. Además, de incorporar de la participación de las propias niñas, niños y adolescentes en el diseño y la ejecución.

Elba Coria, directora de Incidencia de la Asociación para la Defensa de los Niños Migrantes (KIND) resaltó que “es fundamental impulsar y ejecutar políticas que permitan el crecimiento de niñas y niños en bienestar y además, crear bienestar para las y los adolescentes en procesos de construcción de autonomía progresiva y en sus proyectos de vida.”

Rafael Castelán, director ejecutivo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (SEIINAC) y Patricia Teresa Secunza Schott, directora de la Fundación Casa Alianza México, profundizaron en cómo garantizar la participación de niñas, niños y
adolescentes en la construcción del país.

“No puede haber un Plan Nacional de Desarrollo sin la participación de las niñas, niños y adolescentes que tienen voz y la capacidad de poder identificar sus problemáticas y, por supuesto, de proponernos ideas de políticas públicas”, dijo Castelán.

Secunza agregó que “la participación de niñas, niños y adolescentes debe ser contemplada como un derecho individual y a la vez colectivo, que posibilite que la niñez y la adolescencia formen y expresen sus opiniones en todos los asuntos que les competen, es decir una participación informada, crítica y activa”.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal detalló que “la asignación presupuestal de 2025 para atender a niñas, niños y adolescentes disminuyó 0.2 por ciento respecto al 2024 e hizo un llamado al Congreso para hacer los ajustes correspondientes que fortalezcan la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de la niñez en el país.