Ciudad de México. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz propondrá este miércoles a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenar con multas económicas a la empresa dueña de la plaza comercial Reforma 222 de la Ciudad de México y a una empresa privada de seguridad que brinda servicio en el lugar debido a que su personal discriminó a mujeres transgénero, al impedirles el acceso al baño de mujeres.

En la lista de asuntos a discusión del 26 de febrero fueron listados los amparos directos 14/2020, 15/2020 y 16/2020, sobre dichos casos. Los proyectos no son públicos al momento.

Sin embargo, fuentes del Alto Tribunal señalan que Gutiérrez Ortiz Mena plantea declarar la procedencia de la condena a ambas empresas, por el pago de una indemnización por daño moral y un pago de daños punitivos.

Con ello, se pretende resaltar que la conducta discriminatoria por parte del personal de ambas empresas perpetúa estereotipos y estigmas en contra de las personas LGBTIQ+, la cual debe ser desincentivada.

Las quejosas recurrieron en primera instancia a presentar una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en donde se promovió un convenio entre ambas partes, pero las dos empresas se negaron a dar una compensación por daño psicológico.

Ante la negativa, las mujeres trans presentaron demandas por la vía civil, pero tras su paso en juzgados y tribunales el caso fue atraído por la Corte.

El ministro considera que el caso no fue juzgado en tribunales de menor jerarquía con perspectiva de género, pues las empresas demandadas, a través de su personal, incurrieron en actos de discriminación, lo cual es un hecho ilícito, al desconocer el derecho a la identidad y expresión de género de las agraviadas.

Al momento no se conocen las identidades de las mujeres que buscan el amparo de la justicia federal, pero hay antecedentes de que la Primera Sala de la Corte atrajo en enero del 2020 el caso de discriminación sufrido en 2015 por las mujeres trans Jessica y Alessa en el centro comercial de Reforma 222, juicio en el que pidieron medidas de reparación por daño moral y físico.