Guanajuato, Gto. La Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para crear el Grupo Especial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; aún están pendientes tres iniciativas para mejorar la protección y las penas de los delitos cometidos contra este sector.
El dictamen aprobado es para adicionar el artículo 202-8 de la Ley de Seguridad para crear “un cuerpo de policía especializado para atender las medidas de protección y medidas urgentes de protección determinadas por el Consejo Estatal”.
La reforma fue propuesta por la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, junto con otro paquete de reformas a la Constitución, a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al Código Penal, todas enfocadas en la protección de reporteros y activistas.
Las propuestas de reformas a la Constitución, a la Ley de Protección y al Código Penal fueron promovidas por los periodistas, Sofía Negrete, José Meza y Carlos García, integrantes del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En la sesión de la Comisión de Seguridad, los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Erandi Bermúdez Méndez coincidieron en la importancia de impulsar reformas legales que protejan a los periodistas y defensores de derechos humanos.
El dictamen muestra el compromiso de las fracciones parlamentarias y del Estado con la libertad de expresión y la defensa de los derechos, mencionó Bermúdez.
Las reformas
A propuesta de los reporteros que integran el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la gobernadora envió al Congreso iniciativas para reformar la Constitución, la Ley de Protección y el Código Penal.
La reforma a la Constitución es para reconocer a las buscadoras de desaparecidos como defensoras de derechos humanos y establecer la obligación del Estado y los municipios de proteger a los agresores de periodistas y activistas.
La propuesta contempla una reforma del artículo 153 del Código Penal para que el homicidio y las lesiones sean calificadas cuando sean en agravio de defensores de derechos humanos y tengan como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de sus actividades. La norma ya contempla como calificado el homicidio y las lesiones cuando las víctimas son periodistas.
La modificación al artículo 240 d del Código Penal propone aumentar las penas para quien use la violencia, el acoso o la intimidación, para impedir que se ejerza la actividad periodística. El Código contempla una pena máxima de cuatro años de prisión y aumentaría a seis años.
Además, se incorpora una agravante para aumentar en un 50 por ciento la pena cuando sea cometida por un servidor público. También se tipifican como delito las agresiones contra defensores de derechos humanos.
Las propuestas de reforma para la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contemplan cambios en la integración del Consejo, mejoran las medidas de protección y establecen la obligación de dar seguimiento a las denuncias penales y ante Derechos Humanos interpuestas por reporteros y activistas.
También faculta al Consejo de Protección para “emitir pronunciamientos o exhortos para advertir, señalar y atender situaciones en que existan riesgos para la libertad de expresión, la actividad periodística, así como la integridad y seguridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos”.
