En los últimos dos sexenios, Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió del gobierno federal apoyos fiscales y financieros por 2 billones 863 mil 511 millones de pesos, reportó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, las transferencias directas y reducción de impuestos alcanzaron 603 mil 558 millones de pesos, pero se centraron en ser una medida de control presupuestario y pagar pensiones y jubilaciones de la estatal y sus subsidiarias.

De acuerdo con la asociación civil, el sexenio pasado los apoyos a Pemex sumaron 2 billones 259 mil 954 millones de pesos, el 62.9 por ciento de esos recursos fue utilizado para el pago de deuda y 37.1 por ciento para la construcción de infraestructura.

De estos últimos, se aportaron 320 mil millones de pesos para la construcción de la Refinería Olmeca e infraestructura en Dos Bocas; 17 mil millones para la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, 4 mil millones para la de plantas de fertilizantes y 27 mil millones para otros proyectos.

En un análisis enmarcado por el tránsito de Pemex de empresa productiva a pública, el CIEP recomienda reformar los mecanismos mediante los cuales el gobierno federal otorga los apoyos directos a la compañía, así como absorber explícitamente una parte de la deuda de la petrolera para ayudar a reducir su presión financiera.

La pasada administración se planteó la recuperación de la llamada “petrolera más endeudada del mundo” y en ese tenor reforzó los apoyos a la compañía, entre los que se encuentra un aumento de 130 por ciento en las aportaciones patrimoniales que se le entregaron, además de recursos adicionales vía pagarés recibidos de manera anticipada y de intereses generados por bonos gubernamentales.

Dado que las finanzas públicas están cargando en parte con el saneamiento de la empresa y los pasivos de Pemex se contabilizan como parte del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda pública–, el CIEP recomienda que éstos se absorban de manera explícita por el gobierno federal para aliviar la presión financiera de la empresa y aprovecha las mejores condiciones crediticias que puede obtener el soberano.

“Esta medida no tendría un impacto fiscal adicional, ya que los 3 billones 874 mil 626 millones de pesos de los pasivos de Pemex (equivalentes al 11.4 por ciento del PIB en 2024) ya están contabilizados como deuda pública”, aunque, por otro lado, puede implicar una reducción en la calificación de la deuda soberana, debido al deterioro en la valuación de los bonos de la petrolera.