Ciudad de México. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su oposición a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modifique el criterio sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a las operaciones virtuales del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

El organismo del sector privado señaló que esta acción “atenta contra los principios de certeza y seguridad jurídica” y “pone en peligro la estabilidad de un sector clave para el desarrollo económico del país”.

La Coparmex consideró que el SAT está haciendo una interpretación en el litigio sobre el pago del tributo aplicable a las operaciones virtuales del programa IMMEX.

El organismo del sector privado explicó que la figura del pedimento V5, como se conoce al proceso que busca cambiar el SAT, ha permitido optimizar el proceso de exportación, evitando traslados innecesarios de mercancías y reduciendo la saturación en la infraestructura aduanera y carretera.

Señaló que este mecanismo, vigente desde hace más de dos décadas, ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin generar distorsiones en la recaudación tributaria.

“Esta modificación implica, según estimaciones del SAT, un cobro por 44 mil millones de pesos, afectando la atracción de inversión extranjera en un momento crucial para el desarrollo económico del país”, dijo la Coparmex.

De acuerdo con la oficina encargada de la recaudación en el país, la modificación no se trata de una reforma legal, sino de una interpretación administrativa, lo cual a su vez el organismo dijo que “deja en indefensión a empresas que han operado conforme a la normatividad vigente”.

“Resulta inaceptable que se pretenda gravar dos veces una misma operación. La Regla de Comercio Exterior establece una ficción legal que considera exportadas virtualmente las mercancías y, por ende, su venta se efectúa en el extranjero”, señaló.

Apuntó que no puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, pues genera una carga fiscal indebida.

Debido a que la medida, que es analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Coparmex confió en que emita una resolución que garantice seguridad jurídica y evite un cobro que distorsiona el marco normativo.

“El Estado debe cumplir con la legislación vigente y no alterar las reglas de operación con criterios discrecionales”, dijo, pues las empresas IMMEX han cumplido con sus obligaciones fiscales de manera puntual y confían en la estabilidad de las normas establecidas.

“México necesita una política fiscal equitativa que impulse el crecimiento económico y fortalezca la competitividad del sector manufacturero”, señaló.