La presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y para introducir el delito de terrorismo.

La propuesta sigue a la decisión del gobierno de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas globales a seis grupos del crimen organizado de México.

El objetivo es dejar claro, afirmó la mandataria en su conferencia del jueves, que con cualquier país, y sobre todo con el vecino del norte, colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero sin injerencismo ni violación a la soberanía.

En la iniciativa, que ayer por la tarde llegó al Senado, Sheinbaum plantea agregar dos párrafos al artículo 40 constitucional, para que diga: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, mar o espacio aéreo.

Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables.

La mandataria también propone modificar el artículo 19 para incluir el delito de terrorismo, término que no fue mencionado por la titular del Ejecutivo en la conferencia, pero que aparece en el documento.

Prevé la pena más severa

Según la iniciativa, el texto constitucional dirá que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado e internación al territorio nacional de manera ilícita, de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculados con los dos nuevos párrafos del artículo 40, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sheinbaum resaltó que la designación de grupos terroristas a las bandas del crimen organizado no es algo que Estados Unidos haya consultado con nosotros. Así lo decidieron, pero debe estar claro que, para nosotros, la construcción de la paz y cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad.

Y que con independencia del nombre que le pongan, compartimos con el gobierno de Estados Unidos la lucha en contra de los grupos delictivos, por su impacto en la violencia. También que cooperamos para evitar el tráfico de drogas ilegales, particularmente las sintéticas.

La Presidenta informó que la decisión del gobierno estadunidense se suma al reconocimiento del Departamento de Justicia de que 74 por ciento de las armas incautadas en México provienen de ese país.

Por eso, señaló, la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja para ampliar la demanda de México contra las productoras y distribuidoras de armas e incluir como responsables por complicidad a quienes las vendan para que se introduzcan a territorio nacional.

Recordó el operativo Rápido y Furioso, durante el gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012), por el cual se introdujeron al país miles de armas de alto poder, que se suponía serían para combatir al crimen organizado y terminaron en manos de la delincuencia.

La mandataria recordó que dichas armas tenían chips y al final no se supo dónde quedaron y nadie fue juzgado por eso. Destacó la importancia de la reforma a la ley en la materia, promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional, para incluir el registro de pertrechos y garantizar su trazabilidad y para incorporar las nuevas modalidades de producción, como las de impresoras 3D, que ya se fabrican pero no se les considera delito.