El auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, entregó hoy a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, correspondiente al penúltimo año de gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que se observaron montos pendientes por aclarar por 43 mil 206 millones de pesos, casi el doble que en la Cuenta Pública pasada.

En esta tercera entrega, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de mil 623 auditorías realizadas a los tres Poderes, a los organismos autónomos y a gobiernos locales. El informe revela que casi el 80 por ciento de las posibles irregularidades fueron detectadas en el gasto federalizado ejercido por entidades y municipios.

Agregó que con estos resultados, el monto total pendiente de aclaración en el gasto federal ejecutado por gobiernos locales suma 40 mil 800 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, casi el doble que en 2022.

En su intervención, Colmenares Páramo aseguró este incremento “por la mejora de los procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”.

En particular, señala el reporte entregado hoy, se identificaron 22 mil 700 millones de pesos por aclarar en las entidades federativas, cifra que resalta la importancia del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los estados y municipios, dijo Colmenares Páramo.

El auditor superior enfatizó que con las mil 623 presentadas hoy, se completan las 2 mil 369 auditorías que la ASF realizó para fiscalizar la Cuenta Pública 2023, el resto de las cuales fueron entregadas en junio y octubre pasados.

La ASF ha reforzado sus procedimientos de auditoría mediante el uso de tecnologías de la información e inteligencia artificial, lo que ha permitido ampliar la cobertura de fiscalización sin generar presiones presupuestarias adicionales, aseguró Colmenares Páramo. Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, se llevaron a cabo 2 mil 369 auditorías, cifra que refleja un incremento del 42 por ciento respecto a 2017.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala que 8 mil 599 millones de pesos están pendientes de aclaración en las auditorías realizadas al sector público federal, de los cuales más del 80 por ciento corresponde a entes como Birmex, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Fonatur, entre otros, mientras que el 16 por ciento a empresas como Pemex, y el 4 por ciento a secretarías de Estado.

Además, se detectaron probables irregularidades en 139 instituciones de educación superior, donde el monto por aclarar supera los 900 millones de pesos.

En cuanto a los municipios y alcaldías, se realizó un número histórico de auditorías, logrando fiscalizar al cien por ciento de los municipios en 15 entidades federativas gracias a la iniciativa Colmena, la cual incorpora herramientas digitales como el buzón digital ASF y la firma electrónica avanzada. Como resultado, se determinó un monto por aclarar de 15 mil 800 millones de pesos en este ámbito, dijo Colmenares Páramo.

Destacó que la ASF recuperó en favor de la Federación más de 930 millones de pesos en esta tercera etapa de fiscalización. En total, las recuperaciones operadas por la ASF durante su gestión ascienden a más de 27 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 156 mil en comparación con el presupuesto otorgado a la institución.

En materia de auditorías forenses -que se hacen en búsqueda de corrupción-, se llevaron a cabo 29 revisiones especializadas en entes que históricamente no habían sido auditados con este nivel de profundidad, incluyendo Lincosa, el Instituto Nacional de Migración, el Seguro Social y el INAI. En total, estas auditorías identificaron un monto por aclarar de más de 6 mil 000 millones de pesos.

El auditor superior también reconoció el desempeño de algunas entidades federativas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Destacó que los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no presentaron montos pendientes por aclarar, mientras que estados como Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas mostraron mejoras significativas en sus procesos administrativos.

Ante las críticas hechas por legisladores de oposición a su gestión, Colmenares Páramo sostuvo que la ASF cumple con imparcialidad su labor y que ha “hecho todo lo que está a nuestro alcance para prevenir la comisión de irregularidades”.

Al presentar sus posicionamientos, los diputados del PAN y el PRI señalaron que los informes de la ASF no deben quedar en el papel. A nombre de su partido, la panista Amparo Lilia Olivares pidió que las observaciones hechas por la ASF “se traduzcan en acciones concretas”.

Pidió a Colmenares Páramo que “inicie y le dé seguimiento a los procedimientos legales y administrativos conforme al marco jurídico establecido, con el fin de combatir efectivamente las omisiones y los manejos de los recursos que provienen de todos los contribuyentes”.

En tanto, los diputados de Morena, PT y PVEM se posicionaron en respaldo al trabajo de la ASF.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dio un espaldarazo a Colmenares Páramo. “Nosotros tenemos una buena opinión del trabajo que hasta ahora ha desarrollado esta auditoría que depende del poder legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados, y vamos a esforzarnos por intensificar el trabajo y dar todas las herramientas posibles a la auditoría para que cumpla con su objetivo que la constitución y la ley le señalen”, dijo el diputado, cuya intervención en la entrega del informe de la ASF no estaba contemplada en el protocolo.