A pesar de que el pasado 18 de febrero se destrabó la aprobación del Paquete Fiscal 2025 en Nuevo León, y se escogió al nuevo fiscal general, Javier Flores Saldívar, los diputados del Pleno del Congreso del Estado de las bancadas del PRI, PAN y Morena, señalaron que los juicios políticos contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, van a continuar.

A pesar de que coincidieron en darle seguimiento a los juicios los legisladores difirieron en la sanción que podría aplicarse a García Sepulveda.

Las bancadas consideraron que se iba a “analizar” el tema, luego de que el gobernador indicó que ya no procedía ningún juicio político en su contra.

La coordinación de PAN a cargo de Carlos de la Fuente, señaló que deben sancionar ante el ordenamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No obstante, el partido albiazul consideró que esta acción se debía hacer a través de un consenso entre las siete bancadas (PRI, PAN, PRD, MC, PT, PVEM y Morena) para que se pudiera llegar a un acuerdo sobre la sanción hacia el titular del Poder Ejecutivo.

“Nosotros debemos de encontrar una sanción para las irregularidades que cometió García Sepulveda, hay que ver el alcance de estas sanciones en base al proceso jurídico”, añadió De la Fuente.

Respecto a Morena, uno de los partidos que dio luz verde para que siguieran los juicios políticos contra García Sepúlveda, consideraron que en la sanción no se puede añadir una destitución del cargo, ya que mencionaron, esa acción era parte de un “revanchismo político”, al cual no iban a unirse.

“La postura de Morena que tomamos en la Comisión Anticorrupción fue votar en abstención, porque no somos parte de un revanchismo político”, indicó Mario Soto, coordinador de la bancada de Morena.

Respecto a la postura del PRI, representada por la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Lorena de la Garza, mencionó de manera breve que lamentaba que el gobernador Samuel García Sepúlveda no conociera la Constitución del Estado.

“Sí es sujeto de juicio político”, reiteró su postura sobre aplicar una sanción al titular del Poder Ejecutivo y finalizó su intervención.