Buenos Aires. El gobierno del presidente libertario Javier Milei dispuso mediante un decreto la conversión del estatal Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima con el propósito de modernizar la operatividad de la mayor entidad financiera del país austral, publicó el jueves el Boletín Oficial.
En los considerandos el decreto señala que la medida se tomó debido a que el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del banco para competir en igualdad de condiciones con otras entidades del sector financiero, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su capacidad de desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes.
Tras el decreto, la entidad gremial Asociación Bancaria rechazó la medida y se declaró en estado de alerta y movilización.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “cada proceso de racionalización de empresas públicas es un paso necesario hacia su irremediable privatización”.
“El Estado no tiene que hacerse cargo de ninguna función que el mercado pueda hacer mejor”, afirmó.
El decreto señala que el cambio “contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno corporativo más ágiles y eficientes y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control”.
La nueva sociedad continuará siendo controlada por el Estado con 99.9 por ciento de las acciones, mientras que el restante 0.1 por ciento por la Fundación Banco de la Nación Argentina.
Según datos de su último balance publicado a noviembre de 2024, el BNA contaba con un patrimonio neto de 15.08 billones de pesos (unos 14 mil 200 millones de dólares), préstamos por 13.9 billones y un activo de 48.8 billones de pesos.
Milei, que asumió el mandato hace poco más de un año, apuntó en su campaña a privatizar muchas empresas del Estado en un amplio proyecto denominado “Ley Ómnibus” que, tras el rechazo en el Congreso, debió ser modificado para su aprobación.
