Ciudad de México. Luego del asesinato de tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) la semana anterior, más de 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron un alto a los ataques contra personas indígenas defensoras del territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Al recordar que el 13 de febrero pasado fueron emboscados los campesinos Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, habitantes de la comunidad ayuujk El Platanillo, Santo Domingo Petepa, las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec advirtieron que lo anterior se suma a “un panorama preocupante e inaceptable” de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio en la región.

Por ello, ante la “violencia sistemática” contra las comunidades de esa región, llamaron a aplicar medidas de protección inmediatas para integrantes de UCIZONI y comunidades en riesgo; investigar, detener y sancionar a los responsables de los ataques, y establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas.

La Red Nacional de Derechos Humanos Todos los derechos para todas, todos y todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, Front Line Defenders, y el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, entre otras, indicaron que las agresiones ya habían sido denunciadas por la Misión Civil, que se realizó del 25 al 27 de julio 2023.

En su informe, documentaron que entre 2021 y 2024 ocurrieron al menos 72 ataques con 226 agresiones contra personas defensoras, que incluyen hostigamiento, agresiones físicas, probables desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados, detenciones arbitrarias, criminalización y homicidios.

Entre quienes cometieron estás agresiones, apuntó, destacan el Estado mexicano, empresas o personas que tienen intereses en la construcción del Corredor Interoceánico en esta zona del estado.

Señalaron que es “alarmante la criminalización” de defensores, pues actualmente están vigentes tres carpetas de investigación con denuncias penales en contra de 24 personas indígenas que han llevado una resistencia pacífica frente a la imposición del Corredor Interoceánico, de los cuales varios son integrantes de la UCIZONI.