Madrid. El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha dicho que la acusación en su contra por un delito de golpe de Estado forma parte de un "truco" utilizado frecuentemente en la región para perseguir y acallar las voces de la oposición y ha adelantado que seguirá haciendo lo que esté en su mano para dar a conocer "lo que pasa" en el país.

"El truco de acusar a líderes de la oposición democrática de tramar golpes no es nada nuevo. Todo régimen autoritario, en su ansia por el poder, necesita fabricar enemigos internos para justificar la persecución, la censura y las detenciones arbitrarias", se ha manifestado personalmente por primera vez desde la acusación.

Bolsonaro ha asegurado que se trata de una práctica ya vista en lugares como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Bolivia. "Es así en todo el mundo. El manual es bien conocido, fabrican débiles acusaciones, dicen estar preocupados con la democracia y la soberanía y persiguen a opositores y voces discordantes", ha escrito en X.

"El mundo está atento y seguiremos haciendo lo que esté en nuestra mano para que todos sepan lo que pasa hoy en Brasil. ¡La libertad volverá a triunfar!", ha expresado el ex presidente tras la acusación presentada este martes por la Fiscalía.

Bolsonaro forma parte de una treintena de personas sobre las que la Fiscalía ha presentado una acusación de golpe de Estado por los ataques a las instituciones del 8 de enero de 2023 en Brasilia cometidos por una turba de acólitos del ex presidente, descontentos con la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía ha subrayado que Bolsonaro intentó impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien "el plan" comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.

Asimismo, la Fiscalía ha alertado de la existencia de un plan de Bolsonaro para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos de Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes.