Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) publicó esta noche el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el que se definen las políticas públicas específicas para combatir este tipo de delitos, así como para la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas.
El programa fue publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, luego de que a principios del presente mes, un tribunal colegiado de la Ciudad de México ordenó a la FGR expedirlo en cumplimiento con la ley en la materia.
Dentro del documento de 116 páginas, se incluye un diagnóstico en el que se indica que, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de 2014 hasta abril de 2022, se registraron 4 mil 236 víctimas directas que que fueron inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), así como mil 127 indirectas de este tipo de delitos, a quienes se les brindó atención médica, psicológica, asistencia por medio de trabajo social o asesoría jurídica y representación legal.
Como uno de los primeros objetivos, se indica que se implementarán campañas de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicas, “para la consolidación de la cultura de cero tolerancia” de actos de tortura para cualquier autoridad, en los tres poderes y órdenes de gobierno, así como, los organismos autónomos, y todas aquellas con mandato de atención a grupos de atención prioritaria.
También se plantea revisar, y en su caso proponer, actualizaciones al Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura para fortalecer las capacidades de documentación, investigación y judicialización; la creación de fiscalías especializadas, y “planificar e implementar un proceso de revisión participativo del Protocolo para Juzgar casos de Tortura y Malos Tratos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se incluya a expertos independientes en materia de tortura desde sus distintas facetas”.
Entre las líneas de acción se encuentra el emitir las medidas de protección de testigos y víctimas de estos delitos, por parte de las autoridades en el ámbito de su competencia; implementar un programa de atención y reparación a víctimas, así como “coadyuvar y consolidar el funcionamiento del Registro Nacional del Delito de Tortura con todas las instituciones responsables”.
A principios de febrero, al dar a conocer el fallo del décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México con el que se instruyó a la FGR emitir el programa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con otras organizaciones de la sociedad civil, indicaron que la medida parte de amparos promovidos desde hace tres años, luego de que desde junio de 2017 se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que se instruía la elaboración de este programa.
