Londres. La industria estadunidense del papel y la pulpa está presionando al gobierno del presidente Donald Trump para que solicite a la Unión Europea (UE) que declare a Estados Unidos libre de deforestación, un paso que podría facilitar a los exportadores el cumplimiento de las nuevas normas ambientales del bloque.
A partir de diciembre, la política antideforestación de la UE prohibirá las importaciones de productos básicos relacionados con la destrucción forestal. Bruselas ya aplazó un año el lanzamiento de la política tras las quejas de socios comerciales como Brasil, Indonesia y el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos.
“Un aplazamiento no resuelve nuestras preocupaciones con los complejos requisitos de la regulación y las significativas barreras técnicas”, dijo a Reuters Heidi Brock, directora ejecutiva de la Asociación Forestal y Papelera Estadunidense (AF&PA), quien dijo que la ley de la UE impondría “obligaciones costosas e innecesarias” a las empresas estadunidenses.
“Estamos instando al presidente Trump y a sus asesores comerciales a que incluyan esto en la lista de puntos a negociar con la Unión Europea para garantizar que Estados Unidos sea reconocido como un país que gestiona sabiamente sus recursos forestales y debe ser reconocido por no contribuir a la deforestación”, dijo Brock en comentarios enviados por correo electrónico.
Esto va más allá de la petición de Howard Lutnick, candidato de Trump para dirigir el Departamento de Comercio, para que Estados Unidos sea clasificado como “de bajo riesgo”, el nivel menos estricto de la política de deforestación de la UE. Aunque, de este modo, las empresas estadunidenses seguirían estando obligadas a actuar con la diligencia debida y a someterse a inspecciones.
La política de deforestación de la UE clasificará a los países como de alto, normal o bajo riesgo, y las importaciones procedentes de países de “bajo riesgo” se enfrentarán a requisitos de cumplimiento menos estrictos.
Sin embargo, la ley no incluye una categoría de países que se consideren libres de deforestación, a pesar de que los parlamentarios de la UE intentaron sin éxito añadir una nueva categoría de países “sin riesgo” que se enfrentarían a normas aún más leves.