A más de una década de la masacre de Güémez, Tamaulipas, en la que 16 migrantes fueron asesinados y cuyos cuerpos fueron hallados por el Ejército en una fosa clandestina; la Fundación para la Justicia señaló que ese estado, en la frontera este con Estados Unidos, ha sido escenario de múltiples masacres, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva de varios de sus municipios.

“Desde la Fundación, hemos constatado que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una dinámica de macrocriminalidad en la que los grupos del crimen organizado han encontrado en los miles de migrantes que transitan por México presas fáciles. Las políticas migratorias de contención han obligado a las personas migrantes a buscar rutas alternativas para evitar a las autoridades mexicanas, exponiéndolas a mayores riesgos”.

Incluso dijo que estas rutas suelen ser más peligrosas, ya que atraviesan puntos ciegos, zonas con altos factores de riesgo natural y territorios controlados por el crimen organizado. Además, reiteró, que en varios casos de masacres, “existen indicios de colusión de autoridades mexicanas o incluso pruebas de su participación directa. Desde la Fundación, acompañamos a 64 víctimas de al menos cuatro masacres perpetradas contra migrantes en municipios de Tamaulipas, México, desde 2010”.

Apuntó que aunque los avances en la identificación permitieron a varias familias encontrar y repatriar a sus familiares, la justicia plena aún no es una realidad. “Al día de hoy, 11 años después de lo sucedido, no hay un sólo detenido, ni una sola sentencia, esto a pesar de que existen indicios relevantes en la investigación que identifican a probables responsables en la cadena de delitos cometidos contra los migrantes”.

Agregó que el duelo y la fatiga son sólo algunas de las cargas que enfrentan las familias a 11 años de la pérdida de sus allegados; a esto se añaden enfermedades, cargas financieras, el cuidado de los 9 niños y niñas que perdieron a sus padres.”Algunas familias han tenido que enfrentar duelos adicionales, ya que madres, padres y hermanos fallecieron sin llegar a ver justicia”.

“Recientemente, un amparo ha permitido que se pueda iniciar el trámite para que las familias de nueve migrantes reciban reparación integral del daño, instando a las autoridades mexicanas a proporcionar atención médica, psicológica y reparación económica, gracias a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La lucha por justicia y verdad sigue en pie. Las familias no solo han cargado con el duelo, la enfermedad y la ausencia, sino también con la indiferencia de un sistema que, 11 años después, sigue sin dar respuestas”.