El gobierno de Donald Trump lleva menos de un mes en funciones y se han emitido ya 68 órdenes ejecutivas (OE). Dentro de esa vorágine de acciones presidenciales, podemos vernos tentados a discutir aquellas que son más controversiales, como cambiar el nombre del Golfo de México, o aquellas que parecen intrascendentes y/o irrisorias, como acabar con el uso de popotes de papel. Pero en su conjunto, las OE pretenden reconfigurar la economía estadunidense y otorgar un papel clave al Estado dentro de la misma con el propósito de establecer y asegurar un dominio sobre otros países. Son particularmente relevantes las OE que se han emitido referentes al sector energético, sobre la política de poner a EU primero, anunciar la creación de un fondo soberano, y las que le dan un cheque en blanco al gobierno y a la iniciativa privada de EU para sobornar y hacer lo que sea necesario para lograr la dominancia de su país.
En el sector energético, Trump ha emitido cuatro OE. En una (90-FR-8433), declaró una emergencia nacional en la materia, mediante la cual pretende identificar y eliminar toda regulación (incluidos compromisos y normativas ambientales), que retrasen la construcción de infraestructura energética, con el propósito de acelerar su edificación y establecerse como el suministrador principal de un bloque de naciones que no cuentan, ni consideran importante tener soberanía en dicho sector. De igual manera, ha propuesto en otras dos OE (90-FR-8347 y 90-FR-8353), eliminar toda protección ambiental en Alaska, y establecer una política para explorar, producir y refinar la mayor cantidad de hidrocarburos, y de minerales críticos (incluidas las tierras raras) para estar “aislados de potencias extranjeras hostiles que puedan usar la energía para dañar a los ciudadanos de EU y para aumentar el nivel de preparación militar”. Por último, el 14 de febrero, se publicó la OE que estableció el Consejo Nacional de Dominio Energético (CNDE), en el cual participan los miembros más importantes del gabinete y cuyo titular (secretario del Interior) estará en el Consejo de Seguridad Nacional como representante del CNDE. Con estas acciones, Trump pretende definir la política nacional para utilizar los recursos energéticos de su país como arma geopolítica. Eso que desde la izquierda mexicana, insistimos que iba a pasar y que, los neoliberales, nunca vieron venir.
Probablemente, alguien pueda decir “pero en EU en el sector energético todo lo hace la IP, el Estado no interviene”, lo cual es un grave error. Dejando de lado la cantidad de subsidios que el Estado otorga al sector privado en materia energética (26 mil mdd/año en promedio https://bit. ly/4hH3jrq) debemos analizar el segundo conjunto de OE, que delinean el papel que el gobierno va a tener. La orden ejecutiva 90-FR-8337 (EU primero) si bien es corta en su redacción, es profunda en las implicaciones que tendrá. Toda la política del Departamento de Estado debe estar alineada a poner los intereses de EU primero que todo lo demás. Ejemplo de esta política lo vimos en las negociaciones para terminar el conflicto ruso-ucranio. EU negoció de manera directa y pretende sujetar el apoyo militar a Ucrania, a cambio de las reservas de minerales raros de dicho país. Minerales que son esenciales para lograr su política de dominio energético y militar, como vimos en el párrafo anterior. Esa forma de actuar no es nada nueva, y así es como las compañías de EU van a pretender obtener y asegurar la materia prima. No será a través del mercado, el libre comercio y la competencia, si no a través del uso y coerción de la fuerza militar del Estado.
Para financiar la expansión económica y la base industrial requerida, el gobierno de Trump no se lo dejará a la mano invisible. Eso nos queda claro con la OE 90-FR-9181, mediante la cual se pretende establecer un fondo de inversión soberano que financie y dirija el desarrollo de empresas en sectores estratégicos de la economía, para “promover el liderazgo económico estratégico de EU en el mundo”. Dicho fondo, seguirá las directrices de inversión que el gobierno le establezca, en concordancia, claro, con las políticas anteriormente discutidas en el presente artículo.
De manera preventiva, Trump ha otorgado inmunidad a sus ciudadanos, y oficiales de Estado de todo tipo de crímenes internacionales al establecer que no reconocen y no serán sujetos de la Corte Internacional de Justicia (ICC) (90-FR-9369) y que aquel miembro de la ICC, que atente contra un ciudadano de EU que, a juicio de EU, esté actuando para lograr avanzar los intereses de su país, será duramente sancionado. Por último, se ha pausado la ley para prevenir prácticas de corrupción en el extranjero (la cual sancionaba, por ejemplo, que ejecutivos de EU sobornaran gobiernos extranjeros para lograr concesiones) argumentando que eso ayudará a aumentar la competitividad de las empresas y fortalecerá la seguridad nacional de ese país.
Como vemos, estamos presenciando la declaratoria oficial del uso del Estado y de todas sus herramientas económicas y militares como facilitador del saqueo, a escala internacional. ¿Qué tanto logrará Trump implementar esas políticas? Lo veremos con el tiempo; sin embargo, algo queda claro, ya nadie cree en la mano invisible del mercado.
X: @aloyub
