Desde siempre, es conocido que el gran negocio de todos los gobiernos de Estados Unidos es la venta ilegal de armamento bélico a nuestro país. La complicidad de los gobiernos mexicanos también ha sido clave para la proliferación de grupos mafiosos. Pero más lamentable es que el gremio, supuestamente salvaguarda de la verdad de los derechos a la información y el defensor de la libertad de expresión –es decir, la prensa– haya sido el principal secuaz protector de las bandas narcotraficantes.

No omitimos el valiente y digno papel que han jugado cientos de periodistas en defensa de su profesión. Lamentamos por quienes han pagado con su vida y su seguridad personal por su lucha contra el sector corrupto que cobra un precio alto por su silencio compinche.

La venta ilegal de armamento, como ya lo hemos repetido en múltiples ocasiones en este espacio de La Jornada, deja enormes ganancias para los fabricantes y, por otro lado, nos ha ocasionado miles de muertes civiles.

Recordemos que no sólo es Sinaloa el lugar donde la violencia está cobrando cientos de bajas. Pero también reconozcamos que es el lugar donde los mafiosos están siendo localizados, neutralizados y aprehendidos. Este es el teatro de operaciones de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de la Marina: en el territorio nacional ha estado en pie la lucha contra las mafias desde décadas atrás. El éxito de éstas ha sido gracias al apoyo de los gobiernos estadunidenses a las grandes empresas fabricantes de equipo bélico. Y, por supuesto, no debemos perder de vista el papel definitivo de los gobiernos mexicanos neoliberales, ya que todos, desde antes de Miguel de la Madrid, estuvieron allí para operar a favor de la mafia.

Lo importante es que, además de continuar limpiando ese gran estado norteño, se agilice el programa de seguridad para neutralizar a la delincuencia en otras ciudades y estados de la República que lo necesitan con urgencia, mientras se avanza con el desarrollo de programas que atienden las causas que originan la debacle social.

La ingeniera Rocío Nahle está enfrentando un pandemonio delincuencial, especialmente en la heroica ciudad veracruzana de Poza Rica. Fuente importantísima en la extracción de hidrocarburos y otrora puntal petrolera boyante por su dinámica laboral que fortaleció a Pemex. Hemos constatado el deterioro que esta ciudad ha tenido desde la invasión de grupos criminales traficantes de droga y maleantes en general.

Hemos visto infinidad de casas abandonadas, calles completas desiertas, comercios cerrados y gente temerosa de salir de sus casas, como antes lo hacían. Las noches de paseo en fines de semana, en vacaciones o días festivos han pasado a la historia; los centros de reunión donde la cultura cotidiana se reproducía han quedado atrás. Nos lo cuentan amigos, camaradas y testimonios de habitantes de esa ciudad.

No sólo los gobiernos federales y locales anteriores a los de la 4T, en ese estado sureño, son responsables de tal deterioro. Han sido el armamentismo incontrolable y la complicidad de la prensa manipulada quienes amenazan a nuestra sociedad. Por lo menos desde los años 70, la acción que propició el crecimiento de los diversos grupos conocidos como cárteles de la droga en el país se debe a la corrupción oficial.

Como un secreto público ha entrado al país por vía ilegal desde Estados Unidos un arsenal que nos ha costado millones de víctimas y millones de dólares. Sin embargo y, por fin, Estados Unidos reconoce y da a conocer las acciones que está llevando a cabo actualmente para controlar el tráfico de armas hacia México.

Con Omar Hamid García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los resultados del desmantelamiento de los grupos de traficantes y delincuentes de la droga ya son evidentes. Las incautaciones de armamento, droga y equipo para fabricar algunas sustancias tóxicas ilegales son múltiples, pero lo más destacado son las detenciones de líderes importantes de varias agrupaciones criminales.

Es evidente que el trabajo en equipo con los titulares del Ejército y de la Marina está resultando un frente definitivo para rescatar los espacios sociales, productivos y comerciales que han usurpado las bandas criminales.

No obstante lo anterior, creemos que el reconocimiento público de funcionarios estadunidenses en cuanto a su intervención para frenar la venta del armamento ilegal a México es una pose oportunista por parte de su presidente abyecto. Las declaraciones absurdas del jefe de la Casa Blanca y protector de los grupos amantes de las derechas y ultraderechas recalcitrantes mundiales, que incluso ahora viven también junto al presidente en la misma casa, buscan cualquier movimiento espectacular para desviar la atención a los incontables errores cometidos en corto tiempo, desde que el republicano asumió el poder.

Tenemos la seguridad de que pronto las fuerzas castrenses de seguridad nacional en contra de la delincuencia que operan en este momento en Sinaloa, pasen al estado de Veracruz y eliminen lo más pronto posible a las bandas de delincuentes que se han apoderado de la tranquilidad de la población de diversas localidades, como es el caso de la ya mencionada ciudad de Poza Rica.

* Colaboró Ruxi Mendieta
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