El examen único y el nuevo procedimiento para el ingreso a la enseñanza media superior son episodios de una dinámica mucho más amplia –de medio siglo– de respuesta que desde hace décadas el Estado mexicano ha venido dando a las y los jóvenes que buscan un lugar en los niveles superiores de educación. Se busca contener el acceso a las universidades y encauzar la demanda a las técnicas. Porque desde los años 80 la universidad pública, autónoma, de pensamiento crítico, dejó de ser considerada por el Estado como de importancia nacional.

Por su costo, pero sobre todo por la redefinición, muchas hicieron para mejor adecuarse a la realidad mexicana; por las políticas de acceso libre a la educación; por la autonomía como ejercicio democrático del grueso de estudiantes y académicos (asambleas y acuerdos amplios que cita la propia presidenta), y por los intentos de redefinición no elitista de la finalidad de la ciencia y tecnología. Junto con el sindicalismo, todos estos cambios significaron una transformación diametralmente opuesta al modelo elitista y conservador heredado del porfiriato, pero lo más grave: sólo por ser independientes cuestionaban el esquema corporativo del Estado revolucionario del siglo XX.

La tensión creciente entre universidad y Estado estalló en los años 60 y, a pesar de los apoyos y las nuevas universidades nacidas en el periodo echeverrista, la creación del Colegio de Bachilleres y las escuelas técnicas ya desde entonces plantearon que era necesario separar la media superior de la superior, universitaria, a sabiendas de que era en las preparatorias donde con mayor fuerza y profundidad se cultivaban la esperanza y la fuerza por una mejor formación (CCH). Por eso las “nuevas” universidades de los años 70 –como la UAM– nacen sin bachillerato y efectivamente es ahí donde con menor resistencia penetran las políticas conservadoras, las reducciones presupuestales y la privatización de los años noventa.

En ese contexto hostil, los jóvenes continuaron procurando las opciones educativas más allá de estudios virtuales o de hecho terminales y crecientemente continuaron prefiriendo a la que aún conserva mucho de los rasgos del pasado, la educación nacional. La insistencia de las y los jóvenes por la UNAMIPN para el Estado ya neoliberal de los 90 llegó a niveles críticos al comienzo de los 90 y la respuesta fue el Ceneval y su examen único. Éste duró casi tres décadas (1996- 2025) y apostó a una especie de prestidigitación: las jóvenes que por cientos de miles preferían a la UNAM o el IPN por obra de un simple examen mágico, capaz de rechazar y definir el futuro a las personas, asignaba a decenas de miles a opciones técnicas o bachilleratos que ni siquiera conocían. No sólo era el rechazo, sino también la asignación autoritaria a un futuro no deseado, lo que creaba una situación sin escape y, sobre todo entre las jóvenes rechazadas, apareció el suicidio, inusitado en México.

Con el cambio que ahora se hace, ya no será el Ceneval lo que autoritariamente rechaza a los que quieren universidad y asigna escuela técnica, pero el resultado será el mismo: ahora la UNAM-IPN rechazan y el o la aspirante ya antes deberá haberse autoasignado a otra opción. Y “deberá” porque el rechazo –como antes– será muy probable. La UNAM ofrece hoy 35 mil lugares pero el número de aspirantes será de por lo menos 150 mil si no es que hasta más de 250 mil aspirantes.

Y ya se sabe que el examen estandarizado que se utilizará (UNAM-IPN) tiene preferencia por aquellas o aquellos aspirantes que son de familia próspera, con educación privada y varones, y no tanto por los de la periferia y de clase popular. Y si ya hoy se propone hacer un sorteo para el ingreso a las técnicas y bachilleratos saturados (convocatoria 2025, 8.3) de fondo no se entiende por qué no se hace en la UNAM-IPN, que son aún más demandadas.

Con y sin Ceneval, también de fondo es claro que el Estado y gobierno mexicanos someten a los jóvenes a una situación sin salida. Con el Ceneval o con el hágalo usted mismo, se enfrentan a una situación otra vez de fondo difícil. O aceptan algo para muchos inaceptable, o se quedan sin escuela. Una mayoría acepta pero con una mezcla de resignación y desesperanza que no prepara ciudadanos activos y participativos, favorece actitudes negativas (y a los 15 años) y también rebeliones. La política del Estado contra las universidades –porque requieren fondos y/o han sido o pueden ser críticas– directamente la pagan los y las jóvenes de México. Véase: si en 1990 las universidades públicas representaban la mitad de la matrícula superior, ahora sólo son una tercera parte. Y la matrícula privada ya se encamina hacia la mitad.

Se requiere una transformación, no posponer otros 30 años la solución.

*UAM-X