La Jornada (Andrea Becerril y Georgina Saldierna) lo reseñó así: el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley del Infonavit. En un debate de casi seis horas, los legisladores de la 4T defendieron la propuesta de la presidenta Sheinbaum, encaminada, expresaron, a hacer efectivo el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y de bajo costo.

Algo más: la enmienda reconoce por primera vez la figura de arrendamiento social; mantiene la estructura tripartita del Infonavit, con más facultades regulatorias para el director general del instituto, y fortalece los controles contra el mal manejo de los fondos de vivienda de los trabajadores. Durante la larga discusión, PAN y PRI (integrantes del grupo que está de luto) objetaron la minuta y repitieron que el gobierno federal intenta quedarse con los 2.5 billones de pesos que tiene en sus arcas el Infonavit.

Cómo no estar de luto, si los dineros de los trabajadores terminaban en los bolsillos de políticos (ex presidentes entre ellos), líderes obreros, empresarios de la construcción, jueces, despachos de abogados, coyotes y demás asociados, en un jugoso negocio de larga data, mientras a los derechohabientes los dejaron desprotegidos, con casas y departamentos de pésima calidad. El director del Infonavit, Octavio Romero, informó que esta pandilla despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes mediante juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas, a quienes se les promovieron juicios en entidades distintas de aquellas donde vivían. Está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados.

La pandilla comenzó a sudar, y fuerte, cuando en diciembre pasado Octavio Romero denunció un rosario de ilícitos: fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias, directivos involucrados, triangulación de recursos, multimillonarias indemnizaciones irregulares, connivencia de los sectores empresarial y de los trabajadores en el consejo de administración, sueldos y prestaciones ilegales, condonación fiscal a las constructoras (conocidas como vivienderas), contrataciones ilegales, venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, colusión de empleados, notarios, despachos de abogados, integrantes del Poder Judicial, empresas, peritos valuadores y mucho más. En síntesis, coludidos para saquear a la institución en detrimento de los derechohabientes.

Días atrás, Octavio Romero denunció que hay muchos coyotes metidos en el Infonavit que engañan a los derechohabientes, haciéndoles creer que pueden sacar su dinero para hacer cualquier cosa. Lo que ellos buscan es obtener un porcentaje del dinero de los trabajadores, se quedan hasta con 40 por ciento y en ocasiones hasta más. No se dejen engañar. Los coyotes son delincuentes, se hacen pasar por trabajadores del Infonavit y ofrecen un esquema de obtención de crédito en efectivo.

Romero puso un ejemplo: una funcionaria del Infonavit se hizo pasar por una derechohabiente y se comunicó a un número telefónico; respondió un supuesto asesor inmobiliario y afirmó ser parte del instituto de asesores del Infonavit –que no existe– y miembro de algo así como Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Y este asesor explicó los pasos para realizar el trámite, solicitando a cambio 38 por ciento del monto disponible en la subcuenta de vivienda del trabajador, además de otros gastos; aseguró trabajar con notarios registrados en el Infonavit, pero no hay registro de este señor.

Entonces, es justificable la cantaleta de la pandilla prianista cuando grita que el gobierno se robará tu ahorro, cuando lo cierto es que desde la creación del Infonavit, en 1972, ha metido la mano hasta el fondo en los recursos de los derechohabientes. ¿Cómo no estar indignados si la nueva ley les cancela los multimillonarios negocios a los que estaban costumbrados?

Las rebanadas del pastel

Imperdonable: en el día del amor y la amistad, cuando miles de millones de seres humanos se dedican a las artes del placer, Donald Trump falló a su electorado, pues no impuso aranceles a condones y uso de hoteles de paso.

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